Planes del PP para acabar con la democracia local

En el mes de mayo del 2012, el Gobierno del Partido Popular presentó a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) una propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos, con el argumento de adecuar esta norma a la recién aprobada Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las prisas por aplicar esta nueva normativa han provocado que el Consejo de Ministros aprobara a finales de febrero un texto con el rimbombante título de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, de inmediato, ha sido sometido al dictamen del Consejo de Estado, antes de iniciar su tramitación en las Cortes Generales.

El presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, ya ha convocado una Junta de Gobierno urgente con el fin de analizar el anteproyecto. Además, se espera la reunión inminente de la Comisión Nacional de Administración, órgano de encuentro entre la Administración General de Estado y las entidades locales, donde se expondrá la posición institucional de los municipios sobre esta cuestión.

Todo apunta a que la nueva normativa será desestabilizadora. Prueba de ello es que tras ser discutida en el Consejo de Ministros, el ejecutivo de Rajoy evitó hacer pública su redacción y el señor Montoro, tan dispuesto a hacer chistes con los temas más graves, se puso nervioso a la hora de explicarla. Justificaciones banales como la del “ahorro económico” o la “mejor distribución de competencias” ocultan el verdadero objetivo del gobierno, que no es otro que destruir la independencia de los ayuntamientos.

Una involución de este calibre precisa una coartada, valiendo en este caso la defensa del “sacrosanto” equilibrio presupuestario que consagraron PP y PSOE en la reforma del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, por imposición del BCE.

El gobierno no trata, por tanto, de defender la racionalización y el futuro de la administración local. Muy al contrario, persigue cargarse a los ayuntamientos, su sistema de servicios públicos y la democracia local, que también estorba. Una vez más, el PP utiliza la neolengua para engañar y someter, no llamando a las cosas por su nombre para que parezcan lo contrario de lo que son, aunque esta triquiñuela ya no engaña ni al fielato.

El Gobierno de Rajoy, al igual que ha culpabilizado a los enfermos, a los alumnos, a los dependientes, a los parados, a los funcionarios, a los médicos, a los profesores, a los inmigrantes... de provocar la crisis, ahora pretende hacer responsables a los ayuntamientos del fiasco de su política económica.

Rajoy culpa a los ayuntamientos por un despilfarro económico que no es tal. La deuda de los consistorios apenas supone un 4% del conjunto de las administraciones públicas. Además, hay que recordar que de cada 100 euros, los ayuntamientos gastan 13, por 37 las comunidades autónomas y 50 el Estado central. Por tanto, los ayuntamientos siguen gastando el mismo porcentaje que al comienzo de la transición, excepto el de Madrid, bajo el señor Gallardón, que se pulió el dinero de los madrileños de las tres próximas generaciones, a lo que se añade que su sucesora, la señora Botella, persevera en defender una candidatura olímpica ruinosa, inmoral e improductiva que llevará a la capital del reino a más recortes y apreturas.

Del análisis del contenido del anteproyecto se deduce que vulnera diferentes preceptos constitucionales, a saber:

Artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

Artículo 140: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.

La Carta Magna distribuye el Estado territorialmente y concede a los municipios autonomía en la gestión de sus competencias.

Artículo 138.1: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.

Artículo 142: “La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”

El anteproyecto del gobierno no sólo vulnera la Constitución. También va en contra de la Carta Europa de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, en la que se determina que las “Entidades Locales son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático”, porque es en el nivel local donde puede ser ejercido con más facilidad el derecho de los ciudadanos a participar directamente en la gestión de los asuntos públicos.

Por si no fuese suficiente con lo anterior, el anteproyecto del gobierno del PP potencia las diputaciones, que son organismos anacrónicos, caciquiles, opacos, que no se eligen directamente por los ciudadanos, pura herencia de la arquitectura administrativa oligárquica del siglo XIX, mientras que degrada a los gobiernos locales, que sí son elegidos por el voto popular. Más caciques y menos alcaldes, esta es la gran apuesta regeneradora del PP.

Además, la nueva norma, en el caso de ser aprobada, eliminará la autonomía local, para convertir al municipio en un mero gestor de servicios obligatorios en el que los ayuntamientos se convierten en una ventanilla que ejecuta los mandatos de otros niveles de gobierno.

Por último, al anteproyecto del gobierno favorece la privatización de las competencias municipales, convirtiéndolas en un negocio y prohibiendo otras de interés social que dejarán de prestarse, para perjuicio de los ciudadanos.

Apelaciones a la racionalización y al sostenimiento de los ayuntamientos no son más que retórica en boca de un gobierno que busca el fin del municipalismo, de la autonomía política de los consistorios y de la democracia local.

Asistimos a la jibarización, por imperativo del gobierno, del sistema municipal fijado en la Constitución. Pero tal cosa, con ser muy importante, pasa inadvertida en un ambiente en el que los escándalos de corrupción que envuelven al Partido Popular no cesan y en el que el descrédito político aumenta. Además, seis millones de parados lo tapan todo.

El PP no controla el poder local al completo. Por ello, con la excusa de la crisis, quiere convertir a los ayuntamientos en órganos irrelevantes, como hizo Servio Tulio con los comicios curiales, instituciones que pasaron a ser un adorno, un fantasma, tras su reforma hace más de veinticinco siglos.

Con el proceso centralizador del gobierno se pretende vaciar a los ayuntamientos de sus competencias básicas, transferirlas a las diputaciones para que justifiquen que económicamente no las pueden asumir y, de esta manera, reduzcan plantillas, privaticen o extingan los servicios básicos que venían prestando hasta ahora. No hay más.

No es extraño que el Gobierno haya querido disfrazar sus intenciones con dos o tres argumentos de corte populista: limitación progresiva del sueldo de los alcaldes (cuando entre los regidores mejor pagados de España figuran muchos del PP), reducción de cargos de confianza y altos ejecutivos municipales (a este respecto, el caso del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, es escandaloso, Carromeros incluidos) y menos ediles con cargo a las arcas públicas.

Si al PP le importaran de verdad los ayuntamientos habría expedientado hace mucho a sus ediles despilfarradores, inútiles y corruptos y no habría premiado al alcalde más manirroto de la historia de España con un puesto en el Consejo de Ministros. Pero no lo ha hecho, prueba evidente de que su propósito con la reforma es otro: acabar con la autonomía política de los municipios españoles y destruir el primer ámbito político de la democracia, sustituyéndolo por otros niveles de gobierno cuyas virtudes son más que cuestionables.

Gracias al PP, los alcaldes, a partir de ahora, se dedicarán a dar órdenes a la policía local, a supervisar el estado de la calles, a presidir corridas de toros y procesiones, a repartir sonrisas entre sus vecinos y a preguntarles por sus familias. Alcaldes chisgarabís, jefes de protocolo que agasajen a la autoridad gubernativa cuando gira visita a sus pueblos, eso es lo que busca el PP. El retorno a la España profunda es sólo cuestión de tiempo.

En un momento en el que la crisis golpea cruelmente a los ciudadanos, cuando la desigualdad, la exclusión y el desamparo campan a sus anchas y mientras que la ciudadanía demanda a voces una democracia más participativa, Rajoy y sus acólitos intentan destruir el sistema local dibujado en la Constitución para hacerse con el control absoluto del país. Todo con el fin de imponer un plan suicida y excluyente de desguace de la sociedad. El lema del PP es claro: lo que no se gana en las urnas se destruye, se encanija, se convierte en inútil, se menosprecia, se hace irrelevante. Y todavía estos señores se atreven a pronunciar la palabra patria.

Si no se pone freno a esta contrarreforma ideológica, el municipalismo español pasará de ser un capítulo de la historia política y del derecho a ser una nota a pie de página en un curso acelerado de derecho administrativo.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares