Llegó la hora, es el momento de que las cosas cambien

18 de Noviembre de 2010

UN SALUDO A TODOS LOS CIUDADANOS AZUDENSES QUE CREEN QUE LLEGÓ EL MOMENTO DEL CAMBIO

La crisis económica y social amarga nuestras vidas. No es la primera vez que ocurre algo así. En el siglo XIX, desde la primera convulsión del capitalismo allá por 1848, las crisis económicas se sucedieron con una regularidad que impresiona hasta sumar cinco episodios, uno por década. En el siglo XX el capitalismo generó otras seis grandes crisis (1906, 1920, 1929, 1973, 1992 y 2000) y una de ellas, la Gran Depresión, desembocó en la mayor carnicería de la historia de la humanidad bajo la forma de guerra mundial, totalitarismos y holocausto. En el siglo que acaba de comenzar padecemos otra crisis especialmente virulenta y equiparable en parte a la crisis del 29: la que estalló entre los años 2007-2008. El balance general que nos brinda la historia del capitalismo es, por lo tanto, muy claro: doce crisis en poco más de siglo y medio o, lo que es lo mismo, aproximadamente una crisis económica cada catorce años.

Todas estas crisis tienen puntos en común y, sobre todo, un desenlace idéntico: sus consecuencias inmediatas las pagaron siempre los más desfavorecidos.

Además de ser intrínsecamente inestable, el capitalismo ha dejado en la cuneta al 80% de la población mundial. El capitalismo, por tanto, es un sistema económicamente ineficiente porque no es capaz de sastisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, a lo que une su condición de depredador de los recursos de un planeta que ya no aguanta más y que está comenzando a rebelarse contra la humanidad.

En la actualidad los grandes partidos nacionales se han convertido, por convicción o por impotencia, en abanderados de una visión del capitalismo singularmente dañina: el neoliberalismo. Parece que les importe más el bienestar del gran capital que el de los ciudadanos. Esos partidos aprueban paquetes multimillonarios de ayudas para una banca codiciosa e irresponsable mientras que endurecen la legislación laboral, rebajan el sueldo a los trabajadores y anuncian la reducción de las pensiones.

Para mantener sus cuotas de poder esos partidos mantienen un tinglado, el del bipartidismo, que pervierte el ideal representativo de la democracia. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de pequeñas formaciones nacionalistas que, a cambio, reciben cuotas de poder muy por encima de la realidad social y política a la que representan. Obviamente, en este juego de suma cero, quien sale perdiendo es Izquierda Unida ya que el exceso de representación del PSOE, del PP y de los nacionalistas es el resultado del robo de la representación política que legítimamente deberíamos tener.

En Izquierda Unida de Azuqueca de Henares estamos convencidos de que el cambio no es una opción sino una obligación. El tiempo se agota y el margen se estrecha. Estamos llegando al límite físico de un sistema que atenta gravemente contra el equilibrio ecológico, la justicia, la igualdad y la paz social. El número de ciudadanos conscientes de esta realidad tan grave aumenta a diario aunque su voz no se escucha aún lo suficiente.

Por eso hemos creado este blog. En él los miembros de la candidatura de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares y otros afiliados de nuestra organización expondremos nuestras reflexiones y propuestas para contribuir a una discusión serena sobre los graves retos a los que hemos de hacer frente, tanto a nivel general como local.

Pretendemos animar un debate social pervertido por gente que se escuda en el anonimato que proporciona internet para insultar cobardemente al adversario, por tertulias escandalosas y por mercenarios de la opinión que cobran por envenenar las conciencias. ¡Basta ya de rebuznos, de groserías, de zafiedad y de silencios cómplices!

Hay quienes considerarán que nuestros objetivos son muy ambiciosos. Cierto. Pero la urgencia de afrontarlos no es menor que la magnitud del desafío ante el que hemos de medirnos.

Concluyamos esta presentación con una frase inmortal de nuestro Francisco de Quevedo que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se escribió, viene muy a punto: si quieres leernos "léenos, y si no, déjalo, que no hay pena para quien no nos leyere."

Consejo Político Local de IU

domingo, 19 de diciembre de 2010

Uso y abuso del estado de alarma


Llamazares explicando la posición de IU sobre el estado de alarma
A casi nadie le caen bien los controladores aéreos. Se lo han ganado a pulso. Es verdad que son un grupo desahogado, antipático, insolidario, egoísta y acostumbrado a abusar de una posición de preeminencia para aumentar una cuenta de privilegios que querrían infinita. Pero tal juicio, por muy acreditado que esté, no debe conducirnos a analizar biliosamente las consecuencias de los actos del Gobierno a partir del 16 de diciembre, día en el que decidió pedir la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 15 de enero.

No permitamos que nuestro criterio sea nublado por filias o fobias. Apliquemos a este asunto lo que Tácito  aconsejaba en los Anales: sine ira et studio. La distancia y la frialdad son condiciones esenciales para una reflexión ponderada y sensata, sobre todo si se dirime algo tan sensible como la definición y el alcance de algunos derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Empecemos afirmando algunas obviedades que, por evidentes, se olvidan. La primera es que el Gobierno decide solicitar la prórroga del estado de alarma cuando el control aéreo lleva varios días funcionando con total normalidad. La segunda es que el Congreso de los Diputados la autoriza por 180 votos a favor (PSOE, CiU, CC y PNV), 131 abstenciones (PP) y 9 votos en contra (BNG, NaBai, UPyD y ERC-IU-ICV). La tercera es que nunca antes desde la aprobación de la Constitución ningún gobierno se había atrevido a declarar el estado de alarma en nuestro país, y tampoco ningún Congreso había acordado prorrogarlo. Y la cuarta, y no menos importante, es que atravesamos un período de creciente conflictividad y malestar social, y que esta decisión podría sentar un precedente muy preocupante ante conflictos laborales futuros.

Pero vayamos al grano. De lo que se trata con esta prórroga es, en esencia, de prolongar una situación de anormalidad jurídica que limita derechos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho a la huelga que, como es notorio, goza de la máxima protección jurídica a través de los tribunales ordinarios y del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Ya lo sostuve anteriormente: el Gobierno actuó con teatralidad los días 3 y 4 de diciembre en un conflicto que tenía ganado de antemano y en el que contaba con el viento favorable de la opinión pública. Semana y media después, superado el plante de los controladores y restablecida la normalidad, no resulta conveniente para la democracia prorrogar una excepcionalidad sobre la base de un futurible que nadie puede demostrar que vaya a ocurrir.

Los estados de alarma, excepción y sitio pueden ser entendidos de manera doble: como mecanismos de defensa del Estado bajo situaciones de excepcionalidad y como instrumentos que, mal utilizados, pueden pervertir el orden constitucional y destruir el Estado de derecho.

La declaración de cualquiera de estos estados, que son por definición excepcionales, supone inmediatamente la limitación de derechos y de libertades constitucionales, y en supuestos de especial gravedad la suspensión casi completa del ordenamiento constitucional. Son instrumentos, por tanto, que hay que utilizar con la mayor prudencia. Su abuso supone el desmantelamiento de las garantías constitucionales y de los derechos y libertades de las personas, que es como decir de la democracia.

La Constitución no se explaya demasiado acerca de los tres supuestos de excepcionalidad (artículo116) y de sus concomitancias (artículos 55, 117.5 y 169) por lo que remite a una ley orgánica, la 4/1981, de 1 de junio, encargada de regularlos. Corresponde en consecuencia acudir a la ley para juzgar la pertinencia de su declaración y prórroga. En lo relativo al estado de alarma (el menos grave de los tres) la LO determina lo siguiente:

1. Según el artículo 1.2 de la LO, las medidas a adoptar bajo su declaración así como su duración “serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad” Esto quiere decir que una vez restaurada no cabe prorrogarlo artificialmente. La aplicación de este principio de proporcionalidad pretende impedir arbitrariedades de consecuencias desgraciadas. La alteración de la normalidad se entiende que debe ser grave y existir, como condición inexcusable, en el momento de su aplicación. Consiguientemente, no cabe invocar para su declaración una alteración leve, hipotética o futurible de una normalidad ya existente o restaurada. La carga de la prueba sobre una normalidad no consumada recae en quien solicita la prórroga y no al revés. En mi opinión, en el caso del control aéreo resulta imposible aportarla puesto que el día 16, y el 15, y el 14, etc., los aviones aterrizaban y despegaban puntuales, los controladores estaban en sus puestos y la normalidad en los aeropuertos era completa. En resumen, de la voluntad del legislador se deduce que la alteración de la normalidad ha de ser profunda, real y verificable, condiciones que no se daban el 16 de diciembre ni en las jornadas anteriores.

2. El artículo 4 de la LO determina que el estado de alarma sólo puede declararse si se da uno de los siguientes cuatro supuestos: a) “catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”; b) “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”; c) “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”; y d) “situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.” De nuevo, la literalidad de la ley no induce a dudas: las catástrofes, las calamidades, las desgracias públicas, las crisis, los desabastecimientos y las paralizaciones de servicios públicos esenciales han de darse, ser reales, verificables y concretas. No caben presunciones inciertas, cálculos o hipótesis no verificables sobre estas cuestiones tan delicadas para aprobar o prorrogar el estado de alarma. No se puede sostener la prórroga de un estado de alarma sobre la base de que “una simple incertidumbre” es argumento bastante, como sostenía erradamente en el Congreso el diputado del grupo socialista José Ramón Jáuregui. O se dan las circunstancias o no; o existen motivos o no. En consecuencia, y esto es de la máxima importancia, el estado de alarma preventivo o el estado de alarma "por si acaso" es contrario a la ley y a la Constitución.

3. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117.5 de la Constitución, la jurisdicción militar sólo podrá ejercerse en el ámbito castrense y en los supuestos de estado de sitio. Por eso, en consonancia con lo anterior, la LO 4/1981, de 1 de junio, menciona a la autoridad militar única y exclusivamente en su capítulo IV dedicado al estado de sitio. En los capítulos II (estado de alarma) y III (estado de excepción) se menciona en cambio de manera expresa a las autoridades competentes y nunca a las autoridades militares. Dicho en otros términos, en el estado de alarma la jurisdicción ha de ser siempre civil. Este principio plantea serias dudas sobre la constitucionalidad del decreto del gobierno que pueden tener repercusiones muy graves y explicaría que se hubiera recurrido a una ley preconstitucional, la de navegación aérea, de 1960, para imponer la jurisdicción de los tribunales militares sobre el control aéreo civil.

El Gobierno debería andar con pies de plomo sobre todas y cada una de sus decisiones, ya que en ninguno de los supuestos de excepcionalidad declina el funcionamiento de los poderes públicos constitucionales y, sobre todo, el principio de responsabilidad del Gobierno.

Me permito un último comentario. Hay que tomarse en serio el servicio de control aéreo ya que es esencial para la comunidad. Como la seguridad del tráfico aéreo es innegociable no se puede dejar en manos privadas. Entonces: ¿por qué no se crea una Escuela Pública de Formación de Controladores Aéreos en la que se forme con todas las garantías de libre acceso y calidad al número de controladores aéreos que necesitamos?; ¿por qué no se regulan salarios adecuados y se rompe el monopolio del gremio de los controladores sobre esta y otras cuestiones?; ¿por qué no se aprovecha esta situación de abandono y de abuso histórico para crear un control aéreo de carácter público y al servicio del interés general?

Más le valdría al Gobierno dejarse de alarmas y ponerse a trabajar para crear un control aéreo moderno y público.

Emilio Alvarado Pérez, Primer Teniente de Alcalde, Concejal de Cultura y otros Servicios y candidato a la Alcaldía por IU
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