El zorro en el gallinero

La tecnocracia es un tema recurrente del pensamiento político que, cada cierto tiempo, singularmente en momentos de crisis, despunta con nuevos matices pero sobre un fondo inalterado.

La primera reflexión sobre la tecnocracia nos la ofrece Platón en los libros V y VI de La República. “A menos que los filósofos gobiernen los Estados (...) no hay remedio posible para los males de los Estados, ni para los del género humano”, le dice Sócrates a Glaucón, para acto seguido continuar afirmando que el filósofo es “el que ama contemplar la verdad ”, siendo la verdad cosa distinta de la opinión, que es a lo que llegan los que no son filósofos. En su Epístola séptima, escrita en la vejez a modo exculpatorio por su colaboración con el régimen de los Treinta Tiranos, Platón insiste en la misma idea: "... el género humano no verá días mejores hasta que el grupo de quienes siguen recta y genuinamente la filosofía adquiera autoridad política, o hasta que la clase que tiene el control político se convierta, por alguna disposición provindencial, en un grupo de verdaderos filósofos". Platón liga la verdad, el conocimiento y el gobierno, formando una tríada coronada por el filósofo rey, único gobernante legítimo. Para Platón, el fundamento de la soberanía no es el pueblo (demos) sino la inteligencia (nous). Desde entonces, los ecos del diálogo platónico no han dejado de resonar en la indagación sobre la política: de Saint-Simon a Alexander Bogdanov, del marxismo a Veblen, de algunos teóricos de la sociedad post-industrial a los defensores del elitismo.

Reflexionar sobre el gobierno tecnocrático conduce invariablemente a dos preguntas que conviene no confundir: las cualidades del gobernante y la legitimidad para gobernar. La primera cuestión alude a la interminable lista de condiciones que deben acompañar a la persona del gobernante (virtud, prudencia, justicia, templanza, valentía, honradez, etc.) entre las que se encuentra la de conocer de aquello sobre lo que se habla. El conocimiento aquí referido no ha de ser necesariamente libresco, técnico o académico, y puede proceder también de la experiencia o de la sagacidad. Visto así, el saber es una cualidad más, entre muchas otras, del gobernante, a lo que se añade que el tenerlo no asegura el buen gobierno; todo lo más, lo facilita. La naturaleza de la segunda pregunta es mucho más cerrada porque apunta a que el único gobierno legítimo (merecedor de obediencia) es aquel revestido de la autoridad del conocimiento: una suerte de oligarquía. En la discusión vulgar ambos planos se confunden lamentablemente, con lo que se alza como conclusión que el buen gobierno y la democracia son incompatibles. Precisamente, hoy estamos en este punto.

La tecnocracia es siempre conservadora del orden establecido. Propone medidas racionales (y no siempre acierta), pero dentro de un marco de poder que no sólo no cuestiona sino que pretende reforzar o salvar. El tecnócrata tiene ideología por mucho que la oculte. Además, en ella se inspira. Su tarea consiste en buscar los medios más eficaces para alcanzar unos fines voluntariamente aceptados, por mucho que se niegue a reconocerlos. El tecnócrata, el experto, para ocultar su naturaleza volitiva, menciona los medios para evitar hablar de los fines. Es en el discurso sobre los medios donde el tecnócrata se encuentra fuerte y seguro. Pero saquémosle de ahí y comprobaremos que todo su aplomo se desmorona. Cuando el experto habla de fines entra inevitablemente en el terreno de los juicios de valor, de las preferencias morales o éticas, de los principios, de la ideología, del poder y de la política. Y ahí sus armas no valen, su escudo de “sabiduría técnica” se vuelve penetrable, su superioridad se disuelve y sus debilidades manifiestas. Además, cualquier discurso que no enlace medios con fines carece de consistencia: ¿cómo sabremos si unos medios son adecuados si se ocultan los fines a los que se dirigen?

Pero la tecnocracia no sólo es esclava del poder. Es también manifestación oscura o secreta del poder, a lo que se añade que el tecnócrata llamado al gobierno suele formar parte de redes privadas de poder, en las que lucha por mantener su influencia. Nada menos ajeno al tecnócrata con vocación política que la política. Es incontestable el hecho de que la tecnocracia avanza cuando la política tradicional entra en crisis, aunque el gobierno de los expertos no sustituye al gobierno de los políticos. Lo que sucede es que el gobierno de los expertos es el gobierno de aquellos políticos e ideas que han entrado en crisis o que se pretenden ocultar. La tecnocracia no nos libera de la política ni la supera, cosas imposibles, sino que es una manifestación política de un tiempo que se acaba o de un sistema de poder en decadencia. Ello no impide que la tecnocracia se recubra de un tinte falsamente antipolítico, pero lo hace para evadirse de la crítica política. El gobierno tecnócrata afirma que administra la fórmula inevitable o el único remedio, avalado por la legitimidad que otorga el “conocimiento” experto o cualquier otra suerte de sabiduría particular. Por tanto, aceptada esta lógica incompleta y engañosa, no cabe más que aceptar sus disposiciones y mandatos. El sueño del tecnócrata es gobernar sin limitaciones, y ya sabemos que el poder sin contrapesos es tiranía.

Finalmente, el gobierno de los expertos, llevado a sus últimas consecuencias, es contrario a la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia o es un régimen de opinión pública o no es (cuanto más informada mejor, aunque esto es harina de otro costal). Los ciudadanos eligen a sus gobernantes, de modo que la legitimidad de la democracia descansa en la voluntad del pueblo, aunque esa voluntad yerre en ocasiones. Muy distinta es la legitimidad del experto: gobierna porque dice saber. El tecnócrata no necesita ser elegido para gobernar sino que gobierna porque está capacitado técnicamente. Forma parte de una élite en la que el criterio de selección no es ni el número (juego de mayorías y minorías) ni la elección popular, sino el conocimiento y la pericia. El experto sólo admite como contrajuicio el de otro experto, que es su igual. Con la tecnocracia el demos es materia moldeable porque los ciudadanos, por naturaleza, no sólo carecen de las aptitudes mínimas para gobernar sino, incluso, para determinar los fines de la sociedad. La tecnocracia necesita alzarse sobre la minoría de edad permanente de un pueblo que sólo tiene opiniones. Una sociedad desguarnecida, sin ideales colectivos y en crisis política es tierra en la que prospera la tecnocracia o cualquier otra manifestación de lo que, erróneamente, se denomina antipolítica.

Viene a propósito todo este prolegómeno para entender cabalmente un hecho muy preocupante: el asalto de la mafia de la banca al poder político en los países de la UE. En 16 de los 27 países de la UE, exdirectivos del sector bancario ocupan puestos clave de la política económica y de los gobiernos (desde primeros ministros a ministros de economía). Además, los gobiernos de la UE, tanto los permeados como los demás, se someten a las órdenes del Banco Central Europeo, que es también una institución controlada por representantes de la peor banca.

Llama poderosamente la atención que entre estos representantes abundan los de dos bancos dedicados a la especulación y el fraude. El todopoderoso Goldman Sachs, que estuvo a punto de quebrar y fue rescatado con dinero público, y la banca Lehman Brothers, que provocó la crisis actual con sus prácticas fraudulentas y su posterior quiebra. El primero domina el BCE y gobierna Italia y Grecia; el segundo ha sido infiltrado por Rajoy en su gobierno bajo la forma de Ministro de Economía.

El argumento a favor de esta invasión silenciosa, verdadero golpe de estado incruento, es que tales representantes son expertos, conocen de primera mano la materia sobre la que han de actuar y son depositarios de un saber que los hace imprescindibles; en otras palabras, que son tecnócratas. Obvio es que esta explicación no es más que una porción de fantasías estomagantes. Lo que se tapa cuando se entona el panegírico de la quintacolumna bancaria es que su conocimiento experto es muy notable, pero en el arte de mentir, estafar, participar en fraudes, llevar a la quiebra a sus sociedades, rebañar el dinero público endosando sus pérdidas al Estado, cobrar salarios de escándalo, empobrecer a los demás y trabajar a favor de unos fines dañinos. En fin, que el experto de la banca que se mete a presidente o ministro puede presumir de ser máster en delincuencia económica organizada, doctor cum laude en rufianería y licenciado en hurtos y robos colectivos. He aquí, sin adorno, su conocimiento y pericia.

En vez de alabar una sabiduría que no tienen y de reconocerles unos méritos imposibles, lo que refleja esta toma del poder político por parte de la mafia bancaria y especuladora es la vergonzosa colusión de intereses entre los negocios privados y la política, así como la ósmosis casi perfecta de que disfrutan ciertos políticos y banqueros que pasan del consejo de administración de una sociedad anónima al sillón del consejo de ministros de un gobierno.

Terminemos con un sincero agradecimiento: el que se merece el señor Rajoy por la clarividencia mostrada a la hora de elegir a unos ministros que no requieren de otra tarjeta de presentación que sus personales andanzas. Nos ha colocado como Ministro de Hacienda al señor Montoso, el mismo que desde un despacho privado asesoraba a grandes empresas para que pagaran a Hacienda lo menos posible. También a un Ministro de Defensa, el señor Morenés, que era consejero de una empresa, Instalaza S.A., que fabricaba bombas de racimo y que, no contenta con la matanza de inocentes que provocaban sus armas, exige una indemnización de 40 millones de euros al Estado español por el lucro cesante derivado de su prohibición. Y a un Ministro de Economía, el señor de Guindos, que era alto cargo de Lehman Brothers, el banco especulador que provocó la crisis que hoy padecemos.

Haríamos mal los españoles en no sentirnos más seguros con este gobierno, formado por grandísimos expertos: quién mejor para dirigir la Hacienda Pública que quien ha probado todos las trampas legales para que la eludan los grandes contribuyentes, o quién más apropiado que un fabricante de bombas asesinas de niños y civiles para dirigir nuestros ejércitos o quién con más méritos para sacarnos de la crisis que quien la provocó con el manejo trilero de derivados, futuros y demás armas financieras de destrucción masiva.

El agradecimiento al señor Rajoy debe extenderse al pueblo español, sin cuyo concurso nunca habríamos tenido el gobierno que nos merecemos. Qué tiempos estos en los que ya no se respeta ni la máxima jurídica medieval que decía "quod omnes tangit ab omnibus appobari debet" (lo que afecta a todos, debe ser aprobado por todos).

Al final, con tanto experto, nos puede pasar lo que a Platón con los tiranos de Siracusa: que sobrevivamos de milagro para contarlo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Crímenes económicos contra la humanidad

A partir de la II Guerra Mundial nos familiarizamos con el concepto de crímenes contra la humanidad. Desde sus orígenes este tipo penal tuvo una connotación puramente política, al estar ligado a actividades aberrantes conducentes al exterminio de grupos humanos indefensos mediante la aplicación brutal de la violencia física por parte de gobiernos o de grupos políticos organizados. En la práctica, los que se sientan frente a un tribunal acusados de crímenes contra la humanidad son regímenes políticos aislados (gobiernos parias de la comunidad internacional) o que han sido completamente derrotados en el campo militar. Resulta muy difícil, por no decir imposible, que prospere una acusación de este calibre contra gobiernos fuertes e influyentes, por muchas razones objetivas que pudieran darse para hacerlo. Aquí rige, para menoscabo de la justicia, la idea de que para ser juzgado no basta con ser un canalla despreciable sino que, además, hay que carecer de poder e influencia entre los que se constituyen como jueces. Esta es la razón que explicaría por qué la noción jurídica de crímenes contra la humanidad no ha superado el umbral político pasando al económico, por mucho que desde el punto de vista de la economía se pueda infligir sufrimiento insoportable y continuado a grupos humanos indefensos. Cierto es que en estos casos no se pretende el exterminio físico de grupos sociales o raciales per se, pero sí su destrucción moral y su condena material, lo que conduce a su postración permanente y a la esclavitud colectiva.

La literalidad de la definición de la Corte Penal Internacional permitiría tal ampliación, porque crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Es evidente que situaciones como las que ha generado la crisis económica que estamos viviendo explican que despunte la idea de que es posible hablar también de crímenes económicos contra la humanidad o, incluso, de terrorismo económico.

La idea de que había que ensanchar los límites jurídicos de este concepto comenzó en los años ochenta del pasado siglo, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovían políticas de ajuste que azotaban vilmente a África y a América Latina, y que condenaban a la miseria a las clases populares e indígenas de muchos de sus países. En la actualidad pasa algo similar en el cogollo del mundo capitalista avanzado. La especial naturaleza de la crisis económica y las políticas neoliberales que se están aplicando conducen irremediablemente a la pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda, traen de la mano los recortes en derechos básicos como la sanidad y la educación y llevan al sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable y la sociedad en general está siendo desmantelada y sustituida por la atomización del sálvese el que pueda. Siendo así, la pregunta es inevitable: ¿por qué aún no nos atrevemos a señalar a los culpables de semejante debacle y les aplicamos la pesada carga de un tipo penal como el de crimen contra la humanidad?

Casi a diario oímos hablar de “los mercados” como si se fuesen criatura sobrenaturales contra las que no se puede luchar. Nos hemos acostumbrado a utilizar ese término con total naturalidad y nos hemos conformado con decir que “la culpa de todo es de los mercados”. Este lenguaje y el modo de reflexionar que provoca nos lleva a quedarnos en la superficie del problema, donde sólo hay espuma que impide ver con claridad.

Los culpables de la ruina general que soportamos son personas e instituciones concretas que promovieron el libertinaje de las finanzas sin ningún tipo de control. Son empresas que se lucraron indecentemente durante el boom inmobiliario y a las que se les permitió para tal fin ejercer prácticas financieras fraudulentas y abusivas. Toda esta desgraciada historia tiene nombres y apellidos, muchos de ellos concentrados en el negocio bancario, en la especulación y en el lavado de dinero. Conocemos sobradamente qué entidades bancarias concedían créditos de manera descontrolada, quienes contrataban auditorías a medida para garantizar sus cuentas y operaciones, y quiénes provocaron el mayor fiasco del capitalismo (Lehman Brothers o Goldman Sachs) desde la Gran Depresión y que, no satisfechos con sus maldades, imponen a sus peones al frente de gobiernos como en Grecia o Italia con el objetivo de socorrer un sistema que se desmorona pero al que le deben su poder.

Mientras esta casta criminal siga campando a sus anchas, el número de víctimas de crímenes económicos seguirá creciendo. En general la sociedad ha aceptado y continúa aceptando tal orden de cosas. Otorga mayorías absolutas, como en el caso de España, a gobiernos que son fieles defensores de estas prácticas neoliberales, aun cuando muchos ciudadanos se sorprendan después de las decisiones que toman los gobernantes que eligieron previamente. Si la sociedad tuviera claro qué es el sistema capitalista, qué significa poner en práctica políticas neoliberales, qué repercusión tiene la libre circulación del capital y qué clase de crisis padecemos, quizá no hubiera aceptado con tanta rapidez un discurso barato reducido a la expresión de un puñado de frasecillas del tipo “no se puede gastar más de lo que se tiene”, “hay que tener contento al capital porque de lo contrario se irá a otro sitio” o “es mejor trabajar por 400 euros que estar parado”. Si en España hubiera un mayor nivel de conciencia y de sentido de comunidad, la respuesta ciudadana ante tanto atropello hubiera sido muy otra, probablemente parecida a la de Islandia. Allí, en el año 2008 la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables que llevaron al país a la ruina. Al año siguiente, el Gobierno tuvo que dimitir por la presión de la ciudadanía y se bloqueó el pago de la deuda. En definitiva, en Islandia tuvieron muy claro que la solución de la crisis pasaba ineludiblemente por el castigo a los culpables. 

Es necesario que comencemos a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. Pero para ello las reglas que han fijado “unos pocos” deben empezar a cambiar. Al igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos, urge crearlos para perseguir los crímenes económicos. Todo depende en buena medida de lo que la sociedad exija y este es el momento idóneo para hacerlo. O la sociedad huye de discursos anestésicos que tapan la gravedad de la situación y exige un castigo para los culpables o, de lo contrario, el desfile de calamidades no habrá hecho más que empezar.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Convenios en peligro/trabajadores públicos en peligro

Cospedal huye en su coche oficial y no da la cara 

Desde el inicio de la crisis han calado entre la población dos ideas, a cual más nefanda: que es bueno recortar el gasto público a toda costa, y que los trabajadores públicos son una carga de la que hay que desprenderse cuanto antes. La victoria de estas dos ideas supone la derrota de la verdad sobre las causas de la crisis y el abandono del camino para superarla de la mejor manera.

Millones de ciudadanos han aplaudido estos dos disparates y millones de ciudadanos los sufren ahora, incluso muchos de los que hasta ayer batían palmas cuando se les mostraba el cuchillo “salvador” del matarife. 

No se explica la aceptación generalizada de ambas nociones tan contrarias al interés común si no hubiera mediado una manipulación mayúscula y exitosa promovida por el bipartidismo y por sus medios de desinformación amigos. Pero no sólo. Tales ideas han fructificado porque el suelo donde germinaron era proclive. El estado de la conciencia de la ciudadanía hizo germinar la semilla que da como fruto la destrucción de los servicios públicos. Hay que decirlo, aunque escueza: los ciudadanos llevan demasiado tiempo despreciando lo público y premiando la chabacanería y la corrupción, comicio tras comicio, con la venia de sus votos y de las mayorías absolutas. Así nos va.

La izquierda verdadera lleva años diciendo que la crisis no la han provocado los trabajadores, los pensionistas, los empleados públicos, los estudiantes, los jubilados o los sectores más precarios de la sociedad. También lleva mucho tiempo denunciando que la especulación era una bomba de relojería que al estallar arrasaría con todo. En IU estamos hartos de afirmar que la economía sumergida, el fraude fiscal y la regresión impositiva son un cáncer que impide una sociedad justa. Ya no nos acordamos, de las veces que lo hemos señalado, que las bases de nuestra economía (ladrillo y turismo) son incapaces de sostener a una población de casi 50 millones de habitantes con un mínimo de dignidad y de justicia, y que es obligatorio cambiarlas de raíz. Por eso no estamos de acuerdo con este sistema, ni con quienes lo defienden ni, por supuesto, con la insensatez de proclamar que hay que sacrificar al pueblo para salvar la podredumbre de un orden que se desmorona.

La marea de la crisis anega nuestra ciudad, Azuqueca de Henares. En lo privado, con despidos, regulaciones y cierres de empresas. En lo público, con recortes impuestos por otras administraciones que también traerán regulaciones, despidos y pérdida de derechos de los ciudadanos. No somos una isla en el paisaje nacional. Nos afecta tanto lo bueno como todo lo malo que ocurre más allá de las bardas de nuestras tapias, aunque ahora, para desgracia general, abundan lo malo y lo peor.

El gobierno del señor Zapatero decretó hace meses un recorte para Castilla-la Mancha de unos 1.100 millones de euros. Aupada por la victoria en las urnas, la nueva presidenta de la Comunidad consideró insuficiente tal cifra, que fijó en 1.815 millones, a la que acaba de sumar otros 400 millones. No hace falta decir que un tajo de tal calibre sobre un presupuesto que supera por poco los 8 mil millones de euros lleva a una situación crítica a la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. Ni los fanáticos del presupuesto mínimo pueden tapar una verdad tan incómoda. En pocas palabras, los derechos básicos de los ciudadanos de nuestra región están en gravísimo peligro.

El resultado de tantos recortes comienza a producir víctimas: en septiembre fueron despedidos 800 profesores interinos en nuestra región (20 de los cuales enseñaban a nuestros hijos en instituciones educativas de nuestra localidad) y ahora se avecina, si nada lo impide, el hundimiento de todos los servicios sociales de nuestra ciudad, que llevará al paro de manera inmediata a numerosos profesionales y dejará desamparados a ciudadanos inocentes especialmente vulnerables.

El pasado 16 de septiembre se manifestaron desesperados los profesores interinos frente a la puerta del Ayuntamiento, ante la amenaza luego cumplida de su despido. El 15 de diciembre se acaban de manifestar en el mismo lugar los trabajadores municipales y los adscritos a los servicios regionales, ya que sobre estos últimos se cierne de manera inminente también la sombra del despido. En junio del año que viene expirarán el resto de los convenios firmados entre nuestro consistorio y la Junta de Comunidades, sin cuya prórroga vendrá una nueva oleada de trabajadores públicos que irán al paro. Cuántas derrotas vamos a consentir. 

A esta calamidad nos ha conducido el pacto del euro, las recomendaciones del FMI, las cartas secretas del Banco Central Europeo, la reforma de la Constitución, el diktat de frau Merkel, la cumbre europea del pasado 9 de diciembre, las mayorías absolutas y los gobiernos del PSOE y del PP. Gracias a todos.

A la fiebre suicida de los recortes se une que el gobierno regional, en manos del PP, se niega a sentarse con los representantes municipales para intentar resolver los dos asuntos que más preocupan: el pago de la deuda contraída con nuestro municipio por el gobierno regional anterior (que asciende a casi seis millones de euros) y el mantenimiento de los convenios sobre los que se sostienen los servicios sociales que se administran en nuestro municipio.

La primera cuestión es importante. Pero aún lo es más la segunda, puesto que la mayoría de los convenios expiran el próximo 31 de diciembre. Sobre este último tema, la actitud del gobierno regional es intolerable. Su mutismo y su desprecio están llevando a la desesperación a muchas familias azudenses, que no se merecen un trato así. No hay ninguna razón para que a fecha de hoy no se sepa nada cierto sobre este asunto tan relevante. Recordemos además que la señora Cospedal prometió empleo y respetar los servicios públicos en vísperas de las elecciones. Seis meses después, en Castilla-la Mancha hay más paro que nunca, mucho de él alimentado por un gobierno regional que despide a trabajadores sin miramientos, y los servicios públicos básicos sufren una agresión brutal. No hay corifeo de este gobierno capaz de tapar tanto desfalco moral.

En cuanto a nuestro Alcalde, cabe imputarle también una parte de responsabilidad en los hechos, aunque mucho menor: ha reaccionado demasiado tarde ante una situación de una gravedad sin precedentes. Desde finales del verano se veían venir estos nubarrones, especialmente a raíz del despido de los profesores interinos. En aquel momento tendría que haber convocado un pleno extraordinario para coordinar una estrategia común de reivindicación de los derechos básicos de los ciudadanos. Quizás no lo hizo porque pensaba que enviando unas cartas o llamando por teléfono a unas autoridades ausentes obtendría un resultado satisfactorio. Se equivocó.

Nuestro presupuesto se nutre de impuestos y tasas propios, así como de lo que recibimos del gobierno central y autonómico. Con cargo a estas administraciones estaba previsto recibir a lo largo del año 2011 más de seis millones y medio de euros; esto es, un 23% de los ingresos totales del presupuesto municipal. Con los fondos procedentes de la administración autonómica, unos dos millones y cuarto de euros, se financian los servicios sociales de nuestra ciudad, que son de competencia regional, así como otras cuestiones de gran interés (guarderías públicas, kanguras, Centro de Atención Temprana, Casa de Acogida, Ayuda a Domicilio, PROA, CIEM, Centro de Día de Familias, Escuela de Idiomas, Talleres de Empleo, Plan de Empleo, PRIS, etc.) Si el gobierno regional decide reducir de manera tajante los gastos sociales y no renueva los convenios que permiten el mantenimiento de estos servicios, entrarán en colapso. Dejarán de prestarse, sus trabajadores irán a la calle y los ciudadanos que los necesitan los perderán, quebrándose con ello sus derechos fundamentales. A esto conduce implacablemente la lógica de los recortes, a la que nos oponemos frontalmente, y que con tanto entusiasmo aplica la señora Cospedal. En cuanto a la parte que recibimos del Gobierno central, el próximo año está prevista una reducción importante, a la que se pueden sumarse otras si Rajoy aplica la doctrina del recorte aunque pereat mundus. De ahí la necesidad que tenemos de reducir el presupuesto municipal en todo lo accesorio para blindar lo esencial: el mantenimiento de los puestos de trabajo. Nos esperan años muy amargos.

Es de todo punto inmoral recortar el gasto público en asuntos esenciales como los antes descritos cuando se consienten el fraude fiscal y la economía sumergida, se inyecta dinero público a los bancos en cantidades astronómicas o se suprimen impuestos que gravan a los que más tienen. La ciudadanía no debe aceptar más mínimo recorte en las partidas sociales, por mucho que las autoridades insistan en la necesidad. En Azuqueca de Henares no sobra ningún trabajador, ni de los servicios municipales (pagados por el Ayuntamiento, en todo o en gran medida), ni de los servicios sociales (cuyos salarios dependen de la Comunidad Autónoma en un 80% de media) ni, por supuesto, de la educación o de la sanidad (también dependientes del gobierno regional, en este caso en un 100%). Decir que sobran trabajadores públicos, cualquiera que sea la administración pagadora, es decir que los servicios que sostienen no son necesarios o que son excesivos, cuando es evidente que en nuestro país el gasto público social es menor que la media de los países de nuestro entorno.  

Ninguno de estos servicios que hoy están en peligro es un lujo asiático o un despilfarro; bien al contrario, son esenciales, ahora más que nunca por efecto de una crisis que ahoga a los trabajadores, parados, jóvenes, pequeños empresarios, autónomos, etc. Asistimos con desconsuelo a la destrucción sistemática de los fundamentos sobre los que se sostienen la paz y la cohesión social, de la mano de un gobierno recientemente elegido y respaldado por la mayoría absoluta de los diputados regionales.

Un apunte final para que no queden dudas: contrariamente a lo que afirma el PP, no sólo no es posible regresar al año 2007, sino que sería criminal hacerlo. Hay que romper de una vez por todas con un sistema condenado por la historia, porque de lo contrario nos hundimos. No hay más opción que raer el mal sin apagar la vida. Con el bloqueo institucional que producen las mayorías absolutas (en España y en Castilla-la Mancha) la calle parece el único camino para la esperanza.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Minijobs/Supermisery

Zapatero y Rajoy, de acuerdo en los esencial, conmemorando la Constitución  que forzaron meses atrás

Acaba de reconocerse que el pasado mes de agosto, Trichet y Draghi, responsables del BCE, enviaron a Zapatero una carta secreta en la que le conminaban a cambiar la Constitución e imponer salarios de hambre en España. A cambio, el  BCE se avenía a comprar deuda pública nacional en un momento en el que era atacada sin misericordia por especuladores internacionales. La misiva, pura extorsión mafiosa obra de capos, fue ocultada por el Gobierno y por Rajoy, que acabaron aceptando la primera imposición, la de reformar la Constitución en secreto, y dejaron en suspenso la segunda, la legalización de salarios de hambre en España. De nuevo, el bipartito no dudó en concertarse para alcanzar las peores causas: pisotear la Constitución y traicionar los intereses de los ciudadanos

Lo mismo le ocurrió a Berlusconi, aunque en Italia la carta de la vergüenza se filtró a la prensa y pasó a dominio público.

Los destinatarios de las cartas, Zapatero y Berlusconi, ya están amortajados políticamente. La carta, en cambio, goza de excelente salud, puesto que sus "sugerencias" se aplican en ambos países para desgracia de sus ciudadanos: en Italia, por un gobierno no elegido por el pueblo, y en España por un presidente agonizante y por su sucesor en el cargo, el señor Rajoy, aupado a tan alta responsabilidad por la mayoría absoluta de los diputados y por una legión de medios amigos.

Ha sido precisamente Rajoy, pocos días antes de ser investido Presidente del Gobierno, el que ha declarado que tal carta existe. Según nos dice, en la misiva resalta una “recomendación” por encima de las demás: los minijobs. Este término, aparentemente simpático, esconde una idea diabólica: la legalización de salarios de hambre, de 400 euros al mes como máximo, sin cotizaciones sociales ni protección de ningún tipo, para, supuestamente, rescatar al ejército de desempleados que inunda el paisaje de nuestro país. ¡Vaya con los minijobs! Deberían haberse llamado supermisery.

El único comentario que le ha merecido al señor Rajoy la sugerencia del BCE es que tal cosa le servirá de hoja de ruta, ahora que dice que hay que aplicar una nueva reforma laboral consistente en destruir lo poco que queda de legislación del trabajo en nuestro país.

Empecemos diciendo que aceptar la lógica perversa del peor fin frente al fin malo lleva a la barbarie. Otorgar libertad absoluta al lobo frente al cordero conduce a la muerte obligada del cordero, guión en el que ya estamos desde hace tres años. Y terminemos apuntando que la expresión hoja de ruta es un neologismo cargante que manifiesta en quien lo emplea poco respeto por nuestro idioma. ¡Basta ya!

Con estos gobernantes y estas mayorías absolutas se nos viene encima el Mundo Feliz. Imaginemos una masa de epsilones, sin futuro y condenados a la miseria, con trabajos infames y salarios de hambre, sirviendo a una minoría de alfas poderosos, porque en eso estamos. Este es el mundo de Rajoy, que también lo es de Draghi, del PP europeo y de Zapatero. Habrá que lobotomizar la crítica y todo atisbo de conciencia para que tal distopía se constituya pacíficamente, sin ruido ni oposición, y se imponga un destino de esclavitud generalizada. Por doquier los gobiernos decretan el orden del hormiguero, la sociedad de castas, mientras que los ciudadanos parecen dispuestos a ser felices insectos, sin conciencia ni moral. Pero aunque los gobiernos logren tal aspiración no será bastante. El capitalismo actual no se sostiene sobre masas empobrecidas incapaces de comprar un cuscurro de pan. El capitalismo de usar y tirar necesita consumidores con capacidad de compra, dispuestos a gastarse el jornal y el ahorro, comprando objetos que no necesitan y que han de sustituir a la carrera por otros aún más inservibles. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que entremos en una fase de capitalismo de barracón, en la que la producción alcanzada se fije durante muchos años a un nivel muy inferior a la producción posible, congelando las relaciones sociales en un primitivismo dañino.

Con el señor Rajoy viene la destrucción de los derechos de los trabajadores, que llevará a la reducción drástica de los salarios como requisito de una recuperación inalcanzable por esta vía. A la vez, se deteriorarán gravemente los servicios públicos universales como la sanidad o la educación, con la excusa de que no hay dinero para sostenerlos, entregando a las grandes constructoras la gestión de las partes magras de los mismos. Finalmente, se nos impondrá un banco malo (en otro momento hablaremos de este eufemismo), para que paguemos a escote los activos dudosos de las entidades financieras, comprando la quincalla inmobiliaria que permanece enterrada en sus balances. Para este último propósito el déficit no será un problema, sea cual fuere la profundidad del agujero a tapar. Menos mal que Rajoy, un señor que es producto y muleta de un régimen en el que lleva apoltronado treinta años, prometió en la última campaña electoral el cambio y no la continuidad. ¡Vivan las caenas!

Es tal el diluvio de males, hay tantos bubones en el pellejo infectado de la economía, que no hace falta que ninguna sátira realce su maldad. Los hechos se bastan y sobran para mostrar el grado presente de abyección. Las pesadillas más absurdas de la sátira social se hacen realidad. Ya no parecen extrañas las  propuestas de un Jonathan Swift, que proponía al menesteroso que para salir de la miseria debía ceder al carnicero a algunos de sus retoños para que, bien mantecosos y regordetes, cumplimenten las buenas mesas al lado de faisanes y pichones. Otrosí, no es necesario que rescatemos las workhouses, o que en vez de dinero el trabajador reciba su jornal en vales canjeables en la tienda del patrón por tocino rancio y tintorro picado. Tampoco es menester restaurar la corvea, el derecho de pernada, el látigo del capataz, las cadenas del negrero, la kátorga o los láger. Ni siquiera nos queda el consuelo de seguir la recomendación de Thomas Malthus, cuando decía que el único remedio que tiene el pobre de salir de la necesidad extrema es no tener hijos, porque pocos se atreven a tenerlos ya, cosa que señala que la sociedad agoniza.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el consistorio de Azuqueca de Henares

Diez ideas sobre la situación económica actual

1)  El sistema capitalista en su fase de financiarización ha entrado en barrena. No satisface las necesidades sociales e individuales, destruye el planeta, condena a la mayoría de la población a la pobreza y es incompatible con la democracia. Cuanto antes se decrete su funeral, mejor.

2)  La economía se ha despegado de cualquier consideración moral, ética y política. Es imprescindible someter la economía a los imperativos de una vida digna. La felicidad no consiste en estar podrido de dinero, repartir dividendos escandalosos o consumir cada vez más, sin conciencia ni tasa, sino en disfrutar de una vida plena en convivencia con nuestros semejantes y en armonía con la naturaleza. Debemos cambiar ya una jerarquía de valores que nos conduce a la guerra social y a la guerra contra el planeta.

3)  El sistema económico actual, que es un puro disparate, se ha sostenido en cuatro puntales: doctrinas económicas falsas y legitimadoras, banqueros delincuentes, políticos cómplices y medios de comunicación convertidos en máquinas de desinformación. Nos ha dominado por demasiado tiempo gente de mala índole que ha insuflado en la población el tóxico de la mentira y de la discordia. Hay que expulsar a las camarillas instaladas en el poder económico, político y mediático. Pero con ello no es suficiente. También debemos sustituir la mentalidad común, contaminada por el veneno del egoísmo y de la avaricia, por ideas limpias.

4)  No es cierto que no existan alternativas a la locura que nos proponen los defensores del capitalismo de casino. Las hay y son muy claras: se deben controlar los movimientos de capital, hay que destruir los paraísos fiscales, es obligado cambiar el modelo productivo y acabar con las necesidades ficticias que alimenta, hay que instaurar una banca pública fuerte orientada al crédito productivo responsable, hay que crear organismos reguladores eficaces e imparciales, debe monetarizarse la deuda, hay que combatir la creciente desigualdad social, hay que incrementar de manera muy notable la presión fiscal a las rentas muy altas, hay que democratizar las relaciones económicas, es preciso aplicar todo el peso de la ley sobre los responsables de la crisis, hay que crear empleo de calidad y sostenible, hay que establecer nuevas reglas sobre el comercio mundial, es preciso que la especulación se convierta en un tipo penal, etc. Todas estas medidas se resumen en una idea: es necesario diseñar una sociedad civilizada en la que se respete al ser humano y a la naturaleza.

5)  El pensamiento económico dominante (neoliberalismo) no previó la crisis, no la entendió y propone como “remedio” a la misma un agravamiento de sus causas. Algo así no es singular, puesto que esta ideología ha sido una de las causas de los males que ahora sufrimos. Es lacerante que los mismos que provocaron la crisis nos ordenan cómo resolverla en contra de nuestros intereses y a favor de los suyos. Si acatamos sus ideas, acabaremos viendo cómo se producirá una estampida de capitales fuera de nuestras fronteras, que traerá como resultado un empobrecimiento de Europa y de la mayoría de sus ciudadanos. Se perfila en el horizonte la amenaza de un conflicto social muy doloroso. 

6)  Cada vez resulta más claro el contenido clasista de la crisis, que tiene por base la disputa sobre el reparto de la riqueza y el modo de producirla. Hay que resolver cuanto antes ambas cuestiones si queremos darle una oportunidad a la civilización.

7)   Más pobreza y más desigualdad hoy no son la base para un futuro mejor sino la garantía de un mañana insoportable. Se avecinan años muy difíciles y conflictivos. Se equivoca quien no vea en estos tiempos el final de una etapa, de un modelo, de una época. Los signos de la decadencia están por todas partes. Por eso la hipocresía es tan abundante. ¿Quién se empeñará en ser el Rómulo Augusto de nuestro tiempo?

8) España creció hinchando la deuda privada a límites escandalosos para mantener una burbuja especulativa. Cuando explotó la burbuja del ladrillo el crédito privado se vino abajo, el paro aumentó a proporciones catastróficas y quedó al descubierto un agujero bancario cuya magnitud se mantiene en precario secreto. Nos hicieron un ojo para enastarnos a gusto y tenernos paralizados por el miedo a perder la hacienda y el sustento, ahogados por deudas privadas inasumibles. Quien predica como virtuoso volver al instante previo a la crisis miente miserablemente (PP). Quien aboga por sacrificios a trabajadores, pensionistas y por recortes de lo público como condición para un mañana mejor nos condena a la esclavitud (PP-PSOE-CiU). Los que abordan la destrucción del Estado social con fruición son unos canallas. Los que la justifican, aunque lo hagan con mala conciencia, son unos incapacitados. Los que la consienten, aunque en privado se lamenten, son unos cobardes.

9)  Asistimos a un golpe de Estado silencioso y a escala europea perpetrado por banqueros, en el que los gobiernos y los medios de desinformación se ponen del lado de los golpistas, cediéndoles el poder político. Se pisotea la dignidad de los ciudadanos y la soberanía nacional en nombre de las personas y de su dignidad. Hay que restaurar el delito de alta traición y aplicarlo sin miramientos.

10) Los que defienden este orden de cosas tan miserable no tienen intención de marcharse avergonzados y pedir disculpas. Debemos echarlos por todos los medios pacíficos y legales que tenemos a nuestra disposición. Se resistirán y sufriremos. Si logramos tal desalojo, luego nos tocará construir un mundo distinto y mejor, al menos para nuestros hijos. Esa será nuestra mayor responsabilidad.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Súmate al cambio: Zapatero indulta a los banqueros y Rajoy se reúne en secreto con ellos

Después de la victoria del PP en las elecciones generales del 20 de noviembre, el presidente de la CEOE, Juan Rosell Lastortras, respira más tranquilo. No es que antes se fatigara, con Rodríguez Zapatero. Pero ahora se le nota más suelto, como si los alveolos se le hubieran agrandado con la nueva mayoría absoluta. Así se le vio el pasado 23 de noviembre, sólo tres días después de las elecciones, en la conferencia que impartió en la sede de Nueva Economía Fórum. En tan distinguido club, que cuenta como miembros de honor con Esperanza Aguirre o Rita Barberá, entre otros, Juan Rosell fue presentado por su amigo Rodrigo Rato. Era cosa admirable: Rato se dirigía a Rosell por su nombre de pila y Rosell, con idéntica familiaridad, hacía lo mismo. Entre Rodrigos y Juanes, como grandes compañeros, se pasaron un buen rato echándose requiebros y flores, entortolados ellos. Para Juan, Rodrigo es un español de proyección mundial, por el que “apuesto para todo menos para entrenar al Barça”. Para Rodrigo, España necesita muchos hombres como Juan, especialmente ahora que en la economía nacional pintan bastos. Cuánta confianza entre el banquero que estrangula el crédito y el jefe de los empresarios, muchos de los cuales se ven obligados a cerrar por falta de circulante. Tanta camaradería da gusto, se empiece una conferencia, se cante una saeta o se empuñe el bisturí. La pareja estaba como en casa. Faltaban el puchero caliente, las zapatillas de paño y los rulos. Con tiempo, todo se andará.

Acabadas las presentaciones, el señor Rosell se puso serio. Se calzó su condición de presidente de la CEOE y anunció que era partidario de la austeridad y de los recortes, defendiendo los que ya aplica Artur Mas en Cataluña, Cospedal en Castilla-la Mancha o Núñez Feijóo en Galicia, con un argumento que no admite réplica: “Hay que hacer lo que hay que hacer”.

Para Rosell “España está en situación de peligro”, hecho del que nos percatamos, unos más que otros, aunque por diferentes razones. Esta situación comprometedora exige medidas, que para la CEOE de Rosell, para la Unión Europea, para la OCDE, para frau Merkel, para el BCE, para el anterior gobierno socialista y para el aún no estrenado gobierno popular no son otras que más recortes en el gasto social. Para Rosell la cirugía del recorte “es matemática pura”, algo indiscutible como la irracionalidad de la raíz cuadrada de dos. Si algo es ineludible hay que aceptarlo aunque sea “doloroso”, nos señala el jefe de los empresarios. Ahí tenemos el ejemplo de la muerte, que no admite escapatoria: que su guadaña, que siega las vidas, sirva también para tajar un presupuesto público dislocado. El presidente de la CEOE basa su remedio en el planteamiento de que España tiene un problema con un gasto público que no ha caído en la misma proporción que los ingresos. Por tanto, la solución tiene que venir por la vía de la reducción del desembolso. ¿Y si las rentas más altas tributaran lo que les corresponde? Ni hablar. Para Rosell, miembro también de la ultraliberal Sociedad Mont Pelerin, hacer pagar impuestos a los ricos que defraudan es una grosería inaceptable, una salida de tono, una boutade. Que no se hable más.

Pero el jefe de la patronal va más allá. Ahora se siente fuerte para presentar una porción de medidas que den más poder a los empresarios sobre los trabajadores. No son una novedad. El gobierno del PSOE ya las  dibujó en la anterior legislatura. Lo singular tras la victoria del PP es que no existe ningún indicio que nos lleve a pensar que el nuevo gobierno de derechas se opondrá a ellas. Más bien lo contrario. Las aceptará con gusto, aupado por una mayoría absoluta que le blinda en el parlamento. Las medidas exigidas por el jefe de la CEOE, más vistas que las pelucas empolvadas, los velones de cuatro brazos o las camisas con chorreras, son las siguientes:

- Privatización de los servicios públicos. Una vieja exigencia defendida también por el Partido Popular, que aplicará más pronto que tarde.

-  Restablecer los flujos de crédito (aunque esto es más un desiderátum que otra cosa)

- Reforma laboral basada en tres pilares: reducción de las modalidades de los contratos, reforma de la negociación colectiva que, aunque ya fue abordada por el gobierno de Zapatero hace apenas seis meses, fue insuficiente para la patronal y, cómo no, el abaratamiento del despido.

Mientras los empresarios dan a conocer sus exigencias que, sin lugar a dudas, contarán con el beneplácito del nuevo gobierno, el líder del Partido Popular y próximo Presidente del ejecutivo ha decidido desaparecer de la escena pública, que no de los cenáculos del poder, lugares en los que se encuentra muy activo. Su última comparecencia pública fue la noche del pasado domingo cuando le vimos dando botes en el balcón de la calle Génova. Al igual que la CEOE ha avanzado sus expectativas, Rajoy ha decidido reunirse en privado con tres de los principales banqueros de este país con los que mantiene una estrecha relación: Rodrigo Rato (BANKIA), Francisco González (BBVA) e Isidre Fainé (LA CAIXA). 

Los dirigentes del PP que salen a los medios ya empiezan a propalar la especie de que los datos del déficit serán peores de lo esperado y, por tanto, que los recortes han de ser mayores que los previstos. Sobre tal cosa el líder del PP no suelta prenda, fiel a la máxima que sostiene que un mudo nunca se equivoca al hablar. A lo máximo que ha llegado Rajoy en estos tres días es a publicitar un escueto mensaje en su cuenta de Twitter que dice: "Agradezco vuest. felicitaciones y muestras de apoyo. Ahora trabajando intensamente en ntro. objetivo: crear empleo y luchar contra la crisis. MR". Mensaje sesudo y profundo de nuestro presidente, que nos hace pensar que estamos en las mejores manos.

Por otro lado, el PSOE, después del descalabro del pasado domingo y en un nuevo gesto de pleitesía hacia la banca, ha concedido el indulto parcial a dos banqueros amigos. Uno de ellos, Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander y mano derecha de Botín, condenado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos cuando era presidente de Banesto. Gracias al indulto, Alfredo Sáenz podrá seguir siendo consejero y cobrar su sueldo anual de más de 1.700 millones de pesetas. El otro banquero indultado es Miguel Ángel Calama, ex director de Banesto en Cataluña. El portavoz del Gobierno, José Blanco, no quiso explicar por qué el Gobierno tomó esta decisión en el primer Consejo de Ministros que realiza en funciones, es decir tras perder los comicios del pasado 20 de noviembre. En cualquier caso, con explicación o sin ella, no cabe un broche final más apropiado a una legislatura tan servil. ¿También nos contarán que indultar a banqueros es de izquierdas?

Este es el panorama que se nos ofrece una semana después de unas elecciones generales marcadas por el descrédito político, la mentira y el miedo a un futuro tenebroso.

Las Comunidades Autónomas comienzan a aplicar recortes que perjudican seriamente a los ciudadanos. El número de desempleados amenaza con superar los cinco millones. El gobierno saliente sigue satisfaciendo a la banca. El ejecutivo entrante calla y otorga. Y la anarquía financiera internacional continúa desmantelando los Estados y poniendo en peligro la democracia y la supervivencia de la Unión Europea. 

¿No creen ustedes que es hora de que despertemos?

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Gobiernos que traicionan la democracia

He aquí quienes nos gobiernan de verdad: Draghi y Trichet, los jefes de Zapatero y Rajoy

El cinco de agosto de 2011, en plena escalada especulativa contra las deudas soberanas de Italia y de España, el entonces Presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y quien le sucedería en el cargo, Mario Draghi, enviaron una carta confidencial al Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, en la que le "sugerían" lo que tenía que hacer si quería que el BCE aliviase la presión insoportable ejercida por los especuladores contra la deuda italiana. La carta fue filtrada a la prensa y publicada por el Corriere Della Sera el 29 de septiembre de 2011.

El texto de la carta no dejaba lugar a dudas: era un acta de rendición sin paliativos y un atentado contra la democracia parlamentaria. Efectivamente, Jean-Claude Trichet y Mario Draghi (que aún no estaba en el cargo) “pedían” a Berlusconi que reformara la Constitución, que gobernara por decreto-ley, que mermara las pensiones y los salarios de los funcionarios, que facilitara el despido, que legislara a favor de las empresas, que limitara la negociación colectiva (lo que supondría, automáticamente, una rebaja de los salarios), que privatizara a gran escala, que rebajara el seguro de desempleo, que disolviera las provincias y que, costara lo que costase, alcanzara en el año 2013 el equilibrio presupuestario, aplicando automáticamente recortes adicionales en el gasto público si con las medidas anteriores no fuese suficiente.

Los autores de la carta no mencionaban el fraude fiscal, no dedicaban una sola palabra a los enjuagues bancarios, no amonestaban a los especuladores, callaban sobre los paraísos fiscales y olvidaban las causas de la gravísima crisis que carcome los cimientos del Estado del Bienestar. Las autoridades del BCE, comprometidas con la podredumbre de un sistema enfermo y dañino, presentaban un diktat secreto a Italia incompatible con la democracia y con la paz social. En la carta, los tecnócratas del BCE mostraban que tienen ideología, y que sus principios son los del sistema podrido que defienden.

Desgraciadamente, muchas de las medidas descritas en la carta nos resultan familiares. Reducir las pensiones, rebajar los salarios de los funcionarios, destruir la negociación colectiva y, por tanto, disminuir también los salarios de los trabajadores, empeorar aún más las condiciones laborales para incrementar la explotación de la mano de obra, legislar a favor de las empresas, privatizar, recortar gastos sociales, reformar la Constitución con urgencia y sin consulta popular, etc., forman parte del paisaje nacional de un país, el nuestro, que es conducido con mano firme hacia la ruina económica y social por un gobierno de marionetas.

Ahora sabemos que Zapatero recibió una carta parecida a la de Berlusconi. Pero, a diferencia de Italia, en España no se filtró a la prensa porque el PSOE y el PP pactaron un silencio traidor. Desde que Zapatero y Rajoy aceptaron la carta de la vergüenza y de la claudicación quedaron invalidados como políticos. Por eso nos la ocultan. 

Cuanto más se agudiza la crisis más se manifiesta que el capitalismo es incompatible con la democracia. En España, como en Italia, el Gobierno ya no gobierna, las elecciones son una pamema, los parlamentos son aceptados sólo en la medida en que legislan a favor de los especuladores, la Constitución ha sido ultrajada y los ciudadanos son obligados a aceptar un futuro servil, empujados por el miedo a perderlo todo. El PSOE consintió la carta confidencial firmada por Trichet y Draghi. El PP, también. Por eso acordaron reformar la Constitución en cinco minutos, allá en el mes de agosto.

Que nadie se engañe. La carta de rendición aceptada por el bipartidismo es el programa electoral del PSOE y del PP. Si los dirigentes de ambos partidos tuvieran una pizca de vergüenza deberían marcharse a sus casas y pedir al actual presidente del BCE, Draghi, que hiciera campaña por ellos o, mejor aún, que Goldman Sachs impusiera en España un gobierno de banqueros y de especuladores que termine de saquear el país y abuse de nuestras familias. 

Dado el interés de la carta, la hemos traducido del original en inglés para facilitar su lectura. El texto es el siguiente:

Frankfurt/Roma, 5 de agosto de 2011

Estimado Primer Ministro,

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo trató el 4 de agosto la situación de los mercados de deuda pública italiana. El Consejo de Gobierno considera que es esencial que se produzcan acciones de presión por parte de las autoridades italianas para restaurar la confianza de los inversores.

La reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro de 21 de julio de 2011, concluyó que “todos los países del euro reafirman solemnemente su determinación inflexible de respaldar totalmente sus propias deudas soberanas, y su compromiso a favor de unas condiciones fiscales sostenibles y de reformas estructurales adecuadas”. El Consejo de Gobierno estima que Italia necesita urgentemente apuntalar el mantenimiento de su deuda soberana y sus compromisos a favor de una fiscalidad sostenible y de las reformas estructurales convenientes.

El Gobierno de Italia ha decidido alcanzar un presupuesto equilibrado en el año 2014, y para este propósito  ha adoptado recientemente medidas de carácter fiscal. Esta decisión ha sido importante pero no suficiente.

En la coyuntura actual, consideramos esencial que se tomen las siguientes medidas:

1. Estimamos que es imprescindible hacer lo posible para fortalecer el potencial de crecimiento económico.  Recientemente el Gobierno tomó decisiones adecuadas al respecto. Otras medidas están discutiéndose aún con los agentes sociales. No obstante, es necesario tomar más medidas, siendo crucial avanzar por este camino con firmeza. Los cambios imprescindibles han de procurar un aumento de la competencia, particularmente en el sector de los servicios para mejorar la calidad de los servicios públicos, y diseñar el sistema regulador y fiscal mejor adaptado a apoyar la competitividad de las empresas y la eficiencia del mercado de trabajo.

a) La reforma estratégica debería ser completa, de largo alcance y creíble, incluyendo la  liberalización total de los servicios públicos locales y de los servicios profesionales. Aquí debería aplicarse especialmente un sistema de provisión de los servicios locales mediante privatizaciones generalizadas.

b) Es también necesario avanzar en la reforma de la negociación colectiva, permitiendo los acuerdos en el nivel de empresa para que los salarios y las condiciones laborales se ajusten a las condiciones específicas de cada negocio, en detrimento de lo que determinen los convenios colectivos. El acuerdo del 28 de junio entre los sindicatos mayoritarios y las asociaciones de empresarios ya apuntaba en esta dirección.

c) Hay que aprobar una revisión completa de las leyes que regulan la contratación y el despido de los trabajadores, junto con el establecimiento de un seguro de desempleo y de un conjunto de políticas activas sobre el mercado de trabajo adecuadas a la reasignación de recursos hacia las empresas y los sectores más competitivos.

2. El Gobierno ha de tomar inmediatamente medidas audaces para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

a)  Son necesarias más medidas de corrección fiscal. Estimamos imprescindible que las autoridades italianas adelanten, al menos un año, las decisiones adoptadas en julio de 2011. A través principalmente de los recortes del gasto, el objetivo debería ser un mejor control del déficit en 2011, un endeudamiento neto del 1% para 2012 y un presupuesto equilibrado en 2013. Hay margen para intervenir aún más en el sistema de pensiones, haciendo más riguroso el criterio de elegibilidad para las pensiones de jubilación, alineando rápidamente la edad de jubilación de las mujeres que trabajan en el sector privado con la que rige para los empleados públicos, con lo que se conseguiría un ahorro en el gasto ya en el 2012. Además, el Gobierno debería considerar la reducción significativa del coste de los empleados públicos, bien mediante el incremento de la rotación del trabajo y, si es necesario, mediante la reducción de sus salarios.

b) Es preciso introducir una cláusula de reducción automática del déficit que determine que cualquier desviación con respecto a los objetivos marcados se compense automáticamente con recortes horizontales sobre los gastos discrecionales.

c) Los préstamos, incluida la deuda comercial y los gastos de los gobiernos locales y regionales, deberán someterse a un control estricto, de acuerdo con los principios de la reforma de las relaciones fiscales intergubernamentales que ya está en marcha.

A la vista de la gravedad de la situación de los mercados internacionales de capital, estimamos crucial que todas las acciones especificadas en las secciones 1 y 2 de esta carta sean ejecutadas lo antes posible mediante decretos-leyes, y ratificadas por el Parlamento a finales de septiembre de 2011. También sería muy conveniente aprobar una reforma de la Constitución que endureciera las reglas fiscales.

3. Animamos al Gobierno a que de manera urgente tome medidas para acometer una revisión completa que permita una mayor eficiencia de la administración, así como lograr mayores facilidades para las empresas. Debería aplicarse el uso sistemático de indicadores de rendimiento en las entidades públicas (singularmente en la sanidad, la educación y la justicia). También es necesario un fuerte compromiso para abolir o unificar algunos niveles de la administración (por ejemplo, las provincias). Además, deberían ser fortalecidas las acciones encaminadas a aprovechar al máximo las economías de escala en los servicios públicos locales.

Confiamos en que el Gobierno tomará las decisiones apropiadas.

Mario Draghi, Jean-Claude Trichet

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

No es un error, es una estrategia

Thomas Coutrot

Por su interés hemos traducido el artículo de Thomas Coutrot publicado hoy mismo en la edición electrónica del diario Le Monde. Coutrot es economista y estadístico, creó el Barómetro de la Pobreza y de las Desigualdades en Francia (una especie de PIB a la inversa llamado BPI). Co-Presidente de ATTAC-Francia desde finales del año 2009, es uno de los autores del Manifiesto de Economistas Aterrados, obra reseñada en la sección de libros de nuestra página web.

A comienzos de 2010, la “troika” (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) impusieron a Grecia un primer plan de austeridad. Ya en aquel entonces quedó claro que se decidió aprovechar la crisis financiera para dar golpes decisivos a los compromisos sociales salidos de la Segunda Guerra Mundial.

El paréntesis keynesiano (consistente en dejar correr los déficits públicos para evitar que la caída de Lehman Brothers se transformara en un cataclismo incontrolable) ha sido cerrado y sustituido por la ofensiva decretada contra el gasto público y los derechos sociales en Europa.

España, Portugal, Italia, Francia, Gran Bretaña e, incluso, Alemania, han seguido el mismo camino: congelación de salarios y/o reducción del número de funcionarios, reforma de las pensiones, de la sanidad, puesta en cuestión de las políticas y de las prestaciones sociales, privatizaciones, etc…

Todas estas medidas (que no tienen más que una relación muy remota con los déficits y la deuda) son impuestas con idéntica urgencia: los empresarios griegos y españoles podrán despedir más fácilmente y descolgarse de los convenios colectivos, se reduce el salario mínimo en Irlanda... En una increíble carta secreta fechada el pasado 5 de agosto, Trichet sugiere a Berlusconi que reforme el sistema de negociación colectiva, reduzca la protección de los trabajadores contra el despido y ejecute “una vasta reforma de la administración pública con el fin de mejorar la eficacia administrativa para facilitar los intereses de las empresas”…

Nadie puede ignorar que en presencia de un paro masivo aproximándose o superando el 10%, reducir de manera indiscriminada el gasto público en Europa llevará necesariamente a provocar una recesión y una crisis social mayor. Todos los países de la Unión tienen como principales clientes a otros países europeos. Si cada país se aprieta el cinturón, ninguno podrá esperar compensar la caída de su demanda interna con un aumento de sus exportaciones. La recesión es ya una realidad, agravada por la crisis bancaria.

¿Es creíble que nuestros dirigentes no vean la evidencia? El impacto recesivo de estas políticas era tan previsible que no se sostiene la hipótesis de un error de apreciación. Si los gobiernos se empeñan en aplicar políticas que provocan recesión y paro es para salvaguardar algo más importante que la estabilidad económica y el bienestar de las poblaciones. El objetivo verdadero de nuestros dirigentes es salvar a cualquier precio el edificio institucional de la zona euro, que reposa en dos principios: a) los capitales y las mercancías deben circular libremente dentro de la zona euro y entre ésta y el resto del mundo, y b) los Estados deben financiar sus déficits con préstamos pedidos en los mercados financieros bajo la disciplina de las agencias de calificación. Estas dos reglas garantizan que los gobiernos y los trabajadores europeos permanecerán sumisos al control exigido por la industria financiera.

La unión monetaria se ha construido sin presupuesto común, sumisa a los mercados, abierta a todos los vientos de la especulación y con la prohibición expresa de cualquier solidaridad entre Estados. Esta última cláusula tuvo que ser abandonada por la fuerza de los acontecimientos, y va a ser necesario reformar los tratados para dar carta de permanente naturaleza a los fondos europeos de estabilidad financiera. Pero nuestros dirigentes quieren conservar lo esencial del edificio: gracias a la libre circulación de capitales y de mercancías nada limitará la competencia entre asalariados europeos, ni entre ellos y los trabajadores de los países del sur. 

La crisis bancaria y financiera que se agrava de manera irremediable, sumada a la recesión y el caos económico que vendrán a continuación, permitirán reducir en los próximos años aproximadamente en un tercio la protección social y los salarios en Europa, como ya ocurre en Grecia.

La restauración de la competitividad de la vieja Europa frente a China y a los EEUU se hará a costa de grandes convulsiones sociales y políticas, mermando los derechos sociales existentes y renunciando por completo a la Europa social.


Parece que los poseedores del capital y sus aliados en las tecnocracias europeas juzgan que esta apuesta merece la pena. Ya están preparados, como en Grecia, para buscar alianzas muy a la derecha con el fin de lograr sus propósitos. Verdaderamente hay razones para indignarse.

Democracia en peligro

Mario Draghi. Trabajó para Goldman Sachs. Presidente del BCE. 

Mario Monti. Trabajó para Goldman Sachs. Primer Ministro de Italia en un gobierno de tecnócratas

Lucas Papademos, colaboró con Goldman Sachs. Primer Ministro de Grecia en un gobierno de tecnócratas

En ocasiones, el vértigo de los tiempos hace que pasen inadvertidos acontecimientos de enorme trascendencia. Así acontece en la actualidad, tan cargada de noticias, de sobreabundancia de datos desestructurados y de ruido distorsionador.

En los últimos meses han ocurrido hechos que permiten afirmar, sin exageración, que los mercados desregulados y el capitalismo que los ampara han declarado la guerra a la democracia.

Quienes dominan los mercados combaten en tres frentes para acabar con la democracia e instaurar la oligarquía del dinero: el ideológico, el institucional y el político.

El objetivo de la batalla ideológica, que es la madre de todas las batallas, consiste en convencer a la gente de que es necesario volver a los tiempos de los señores de horca y cuchillo. Se trata de extender la idea de que la única solución a la crisis son las políticas de ajuste sobre los trabajadores, los parados y los sectores más débiles de la sociedad. Las poblaciones son aleccionadas en la resignación y el miedo. El común debe aceptar como inevitables las bajadas de salarios, la reducción de derechos y, muy especialmente, que su futuro pertenece a otros. Los trabajadores, si quieren trabajar, tienen que ser obedientes, productivos, baratos y fácilmente sustituibles. Se pretende grabar a fuego en las mentes de los ciudadanos que hay que rendir pleitesía a los señores del dinero, porque son la única esperanza para una sociedad que ayer era adicta al consumo y que hoy vive asustada por el fantasma de la pobreza. Y si con la persuasión no es bastante, se aplicará la fuerza bruta, respaldada por leyes de conveniencia. Desde que el mundo es mundo sabemos que al miedo se llega por dos caminos: el de las amenazas y el de los hechos brutales.

En cuanto a la batalla institucional, su propósito es dominar completamente los centros de decisión económica, bien desarticulando los ya existentes o nombrando en ellos a personas de la mayor confianza para ejercer una autoridad adulterada. Un ejemplo de lo primero es la suplantación de las instituciones de la UE por un directorio franco-alemán en el que, a medida que el tiempo pasa, las autoridades francesas hacen más de comparsa que otra cosa. Tal usurpación se ha producido por la fuerza de los hechos, sin que los ciudadanos hayan consentido tal cambio y contra lo que establecen las normas y procedimientos de la UE. Del segundo caso tenemos no ya un ejemplo sino todo un paradigma, el que nos brinda el nombramiento del nuevo Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que entre los años 2002 y 2005 fue responsable del sector de estrategias europeas de Goldman Sachs, cuarto banco de inversión del mundo y cooperador necesario en el falseamiento de las cuentas públicas de Grecia, esas que ahora le escandalizan y que ayudó a confeccionar.

En el tercer frente de batalla, el político, se persigue convertir en irrelevante la capacidad de decisión de los ciudadanos y de los gobiernos a través del chantaje y de la amenaza. Además, la presión puede servir para poner en los gobiernos a quien convenga. Desde el pasado verano han menudeado los casos al respecto. En agosto, por ejemplo, ante el regocijo alemán, los especuladores hicieron subir la prima de riesgo de la deuda soberana española, llevando a nuestro país al borde del colapso. A cambio de que el BCE comprara deuda pública española para reducir su diferencial con respecto al bono alemán, el PSOE y el PP acordaron reformar en secreto la Constitución, que reputaban intocable, constitucionalizando el límite de gasto que complacía a Merkel y a sus bancos. La reforma se hizo con nocturnidad, sin explicación y sin consulta al pueblo, como hubiera sido preceptivo. Algo parecido ocurrió en Grecia tres meses después, en noviembre de 2011, ante el anuncio realizado por su Primer Ministro, Papandreu, de convocar un referéndum para que sus compatriotas se pronunciaran sobre las condiciones del paquete de rescate de la UE aprobado el 26 de octubre. Una iniciativa tan democrática desató una campaña de linchamiento internacional contra el Primer Ministro heleno que provocó su dimisión y la sustitución de su gobierno por otro de concentración que, como primera medida, acordó desconvocar el referéndum previsto para diciembre. Tras este apaño tan escandaloso, el nuevo gobierno griego fue presidido por un tecnócrata del sistema, Lucas Papademos, que fue Presidente del Banco Central de Grecia en los años en que ayudaba a falsear, con el concurso del Goldman Sachs de Mario Draghi, las cuentas públicas de su país. Y ayer mismo nos topamos con otro ejemplo, el último por ahora, de esta cadena. De nuevo, ante la complacencia alemana, los especuladores hicieron subir la prima de riesgo de la deuda soberana de Italia, forzaron la dimisión de Berlusconi (cosa que no lograron ni las urnas ni los jueces en muchos años e intentos), dando paso a un gobierno técnico, que es lo contrario a un gobierno democrático. Todo apunta a que la persona que presidirá ese gobierno será Mario Monti, otro tecnócrata del sistema, que fue Director Europeo de la Trilateral, miembro de la directiva del Club Bilderberg y asesor de Goldman Sachs en la época en que ese banco ayudaba a ocultar las mentiras de la contabilidad nacional de Grecia. ¿Hacen falta más datos para que los incrédulos despierten del letargo?

¿Cómo responderían los mercados si en un país importante de la UE llegara al gobierno una fuerza política de izquierdas comprometida con el cambio del sistema? El boicot estaría asegurado. A un sistema que permite esto lo llamamos democracia.

Cuál es el límite de las exigencias de los mercados. La respuesta es simple: ninguno. Si les dejamos, nos devoran. Hace tiempo que empezaron y ya van por nuestras rodillas.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

La que se nos vienen encima

Desengañémonos. En este sistema los ciudadanos sólo contamos para pagar las cuentas de los atropellos de los poderosos. Si exigimos democracia se nos amenaza y apalea, si pedimos dignidad se ríen en nuestra cara, y si defendemos los derechos sociales o la protección al trabajo se nos dice que son un estímulo a la vagancia, además de un despilfarro inasumible.

Los gobiernos de Aznar construyeron una economía de puntapié que crecía sobre el barro. Los gobiernos de Zapatero recogieron esa herencia que era pura quincalla y nos la hicieron pasar por oro molido, presumiendo tontamente de zurzidos y guiñapos. Al primer ventarrón la economía se vino abajo, el paro alcanzó un tamaño monstruoso y se dispusieron las cosas para afilar las guillotinas que recortan los derechos y las libertades ciudadanas. Este es el legado del bipartidismo.

¿Qué nos prometen los candidatos del sistema, que son los candidatos del bipartidismo y del tocomocho nacionalista, ahora que estamos en campaña? Los mismos que ahora gobiernan y desmantelan, nos aseguran que harán otra cosa si es que vuelven a mandar, cosa harto improbable si hacemos caso al sentido común, a los precedentes y a las encuestas. Por su parte, los que ya gobernaron hace ocho años, que todavía se enorgullecen de haber puesto las bases de la ruina presente, con su silencio nos anuncian que si gobiernan, cosa casi segura, sacrificarán los servicios públicos y degradarán aún más la condición del trabajador, con tal de calmar a los matones económicos que nos amenazan. Unos y otros, PSOE, PP, CiU y demás compinches, con sus disparates, ahondarán la brecha social y prolongarán la recesión, poniendo en peligro al país y a sus ciudadanos.

En cuanto a IU, que debería ser la alternativa, es muy débil y malvive aplastada por un sistema electoral y político que malversa groseramente la representación. Recogerá las migajas del descontento y de la indignación, y le tocará ser el referente moral de la sociedad española. Ánimo y honor.

Mientras tanto, con campaña o sin ella, una buena porción de la opinión pública vive desorientada por la influencia ponzoñosa de periodiqueros, publicantones y tertulios. Hastiada, atemorizada, huérfana de referentes y sin relatos verídicos que la referencien, ha decidido ser manteca para que pronto se la meriende el hambrón de turno. Todo apunta a que le concederá el poder absoluto a quien mejor le ajuste la soga al cuello.

Sentado lo anterior, despunta forzosamente una cuestión: ¿por qué elegimos gobernantes que nos desprecian y que nos quieren desfilando derrotados bajo las horcas caudinas?. Quizás, porque en nuestro país sigue triunfando aquello de “los míos, aunque rebuznen.”

No esperemos otra cosa del bipartidismo que miseria y sufrimiento, porque el bipartidismo es una pieza fundamental de un sistema enfermo. Los candidatos del sistema, libres de hacer el oso, se empeñan en que lo hagamos los demás. Quieren que les bailemos las gracias mientras nos menguan la ración de pienso, y que lo hagamos al son de la pandereta y al restallido del látigo. Mucho cuidado con este juego infame, no vaya a ser que nos ocurra lo que al burro del paisano, que cuando se acostumbró a trabajar en ayunas tuvo la mala ocurrencia de morirse.

A ver si somos capaces de aprender de una vez para siempre que la libertad completa del capital anticipa la esclavitud, al igual que el vicio llama al vicio, la oscuridad al delito, las mayorías absolutas al absolutismo y el bipartidismo a la degradación de la democracia. No parece tan difícil.

Emilio Alvarado Pérez es coordinador local y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares