Súmate al cambio: Zapatero indulta a los banqueros y Rajoy se reúne en secreto con ellos

Después de la victoria del PP en las elecciones generales del 20 de noviembre, el presidente de la CEOE, Juan Rosell Lastortras, respira más tranquilo. No es que antes se fatigara, con Rodríguez Zapatero. Pero ahora se le nota más suelto, como si los alveolos se le hubieran agrandado con la nueva mayoría absoluta. Así se le vio el pasado 23 de noviembre, sólo tres días después de las elecciones, en la conferencia que impartió en la sede de Nueva Economía Fórum. En tan distinguido club, que cuenta como miembros de honor con Esperanza Aguirre o Rita Barberá, entre otros, Juan Rosell fue presentado por su amigo Rodrigo Rato. Era cosa admirable: Rato se dirigía a Rosell por su nombre de pila y Rosell, con idéntica familiaridad, hacía lo mismo. Entre Rodrigos y Juanes, como grandes compañeros, se pasaron un buen rato echándose requiebros y flores, entortolados ellos. Para Juan, Rodrigo es un español de proyección mundial, por el que “apuesto para todo menos para entrenar al Barça”. Para Rodrigo, España necesita muchos hombres como Juan, especialmente ahora que en la economía nacional pintan bastos. Cuánta confianza entre el banquero que estrangula el crédito y el jefe de los empresarios, muchos de los cuales se ven obligados a cerrar por falta de circulante. Tanta camaradería da gusto, se empiece una conferencia, se cante una saeta o se empuñe el bisturí. La pareja estaba como en casa. Faltaban el puchero caliente, las zapatillas de paño y los rulos. Con tiempo, todo se andará.

Acabadas las presentaciones, el señor Rosell se puso serio. Se calzó su condición de presidente de la CEOE y anunció que era partidario de la austeridad y de los recortes, defendiendo los que ya aplica Artur Mas en Cataluña, Cospedal en Castilla-la Mancha o Núñez Feijóo en Galicia, con un argumento que no admite réplica: “Hay que hacer lo que hay que hacer”.

Para Rosell “España está en situación de peligro”, hecho del que nos percatamos, unos más que otros, aunque por diferentes razones. Esta situación comprometedora exige medidas, que para la CEOE de Rosell, para la Unión Europea, para la OCDE, para frau Merkel, para el BCE, para el anterior gobierno socialista y para el aún no estrenado gobierno popular no son otras que más recortes en el gasto social. Para Rosell la cirugía del recorte “es matemática pura”, algo indiscutible como la irracionalidad de la raíz cuadrada de dos. Si algo es ineludible hay que aceptarlo aunque sea “doloroso”, nos señala el jefe de los empresarios. Ahí tenemos el ejemplo de la muerte, que no admite escapatoria: que su guadaña, que siega las vidas, sirva también para tajar un presupuesto público dislocado. El presidente de la CEOE basa su remedio en el planteamiento de que España tiene un problema con un gasto público que no ha caído en la misma proporción que los ingresos. Por tanto, la solución tiene que venir por la vía de la reducción del desembolso. ¿Y si las rentas más altas tributaran lo que les corresponde? Ni hablar. Para Rosell, miembro también de la ultraliberal Sociedad Mont Pelerin, hacer pagar impuestos a los ricos que defraudan es una grosería inaceptable, una salida de tono, una boutade. Que no se hable más.

Pero el jefe de la patronal va más allá. Ahora se siente fuerte para presentar una porción de medidas que den más poder a los empresarios sobre los trabajadores. No son una novedad. El gobierno del PSOE ya las  dibujó en la anterior legislatura. Lo singular tras la victoria del PP es que no existe ningún indicio que nos lleve a pensar que el nuevo gobierno de derechas se opondrá a ellas. Más bien lo contrario. Las aceptará con gusto, aupado por una mayoría absoluta que le blinda en el parlamento. Las medidas exigidas por el jefe de la CEOE, más vistas que las pelucas empolvadas, los velones de cuatro brazos o las camisas con chorreras, son las siguientes:

- Privatización de los servicios públicos. Una vieja exigencia defendida también por el Partido Popular, que aplicará más pronto que tarde.

-  Restablecer los flujos de crédito (aunque esto es más un desiderátum que otra cosa)

- Reforma laboral basada en tres pilares: reducción de las modalidades de los contratos, reforma de la negociación colectiva que, aunque ya fue abordada por el gobierno de Zapatero hace apenas seis meses, fue insuficiente para la patronal y, cómo no, el abaratamiento del despido.

Mientras los empresarios dan a conocer sus exigencias que, sin lugar a dudas, contarán con el beneplácito del nuevo gobierno, el líder del Partido Popular y próximo Presidente del ejecutivo ha decidido desaparecer de la escena pública, que no de los cenáculos del poder, lugares en los que se encuentra muy activo. Su última comparecencia pública fue la noche del pasado domingo cuando le vimos dando botes en el balcón de la calle Génova. Al igual que la CEOE ha avanzado sus expectativas, Rajoy ha decidido reunirse en privado con tres de los principales banqueros de este país con los que mantiene una estrecha relación: Rodrigo Rato (BANKIA), Francisco González (BBVA) e Isidre Fainé (LA CAIXA). 

Los dirigentes del PP que salen a los medios ya empiezan a propalar la especie de que los datos del déficit serán peores de lo esperado y, por tanto, que los recortes han de ser mayores que los previstos. Sobre tal cosa el líder del PP no suelta prenda, fiel a la máxima que sostiene que un mudo nunca se equivoca al hablar. A lo máximo que ha llegado Rajoy en estos tres días es a publicitar un escueto mensaje en su cuenta de Twitter que dice: "Agradezco vuest. felicitaciones y muestras de apoyo. Ahora trabajando intensamente en ntro. objetivo: crear empleo y luchar contra la crisis. MR". Mensaje sesudo y profundo de nuestro presidente, que nos hace pensar que estamos en las mejores manos.

Por otro lado, el PSOE, después del descalabro del pasado domingo y en un nuevo gesto de pleitesía hacia la banca, ha concedido el indulto parcial a dos banqueros amigos. Uno de ellos, Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander y mano derecha de Botín, condenado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos cuando era presidente de Banesto. Gracias al indulto, Alfredo Sáenz podrá seguir siendo consejero y cobrar su sueldo anual de más de 1.700 millones de pesetas. El otro banquero indultado es Miguel Ángel Calama, ex director de Banesto en Cataluña. El portavoz del Gobierno, José Blanco, no quiso explicar por qué el Gobierno tomó esta decisión en el primer Consejo de Ministros que realiza en funciones, es decir tras perder los comicios del pasado 20 de noviembre. En cualquier caso, con explicación o sin ella, no cabe un broche final más apropiado a una legislatura tan servil. ¿También nos contarán que indultar a banqueros es de izquierdas?

Este es el panorama que se nos ofrece una semana después de unas elecciones generales marcadas por el descrédito político, la mentira y el miedo a un futuro tenebroso.

Las Comunidades Autónomas comienzan a aplicar recortes que perjudican seriamente a los ciudadanos. El número de desempleados amenaza con superar los cinco millones. El gobierno saliente sigue satisfaciendo a la banca. El ejecutivo entrante calla y otorga. Y la anarquía financiera internacional continúa desmantelando los Estados y poniendo en peligro la democracia y la supervivencia de la Unión Europea. 

¿No creen ustedes que es hora de que despertemos?

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Gobiernos que traicionan la democracia

He aquí quienes nos gobiernan de verdad: Draghi y Trichet, los jefes de Zapatero y Rajoy

El cinco de agosto de 2011, en plena escalada especulativa contra las deudas soberanas de Italia y de España, el entonces Presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y quien le sucedería en el cargo, Mario Draghi, enviaron una carta confidencial al Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, en la que le "sugerían" lo que tenía que hacer si quería que el BCE aliviase la presión insoportable ejercida por los especuladores contra la deuda italiana. La carta fue filtrada a la prensa y publicada por el Corriere Della Sera el 29 de septiembre de 2011.

El texto de la carta no dejaba lugar a dudas: era un acta de rendición sin paliativos y un atentado contra la democracia parlamentaria. Efectivamente, Jean-Claude Trichet y Mario Draghi (que aún no estaba en el cargo) “pedían” a Berlusconi que reformara la Constitución, que gobernara por decreto-ley, que mermara las pensiones y los salarios de los funcionarios, que facilitara el despido, que legislara a favor de las empresas, que limitara la negociación colectiva (lo que supondría, automáticamente, una rebaja de los salarios), que privatizara a gran escala, que rebajara el seguro de desempleo, que disolviera las provincias y que, costara lo que costase, alcanzara en el año 2013 el equilibrio presupuestario, aplicando automáticamente recortes adicionales en el gasto público si con las medidas anteriores no fuese suficiente.

Los autores de la carta no mencionaban el fraude fiscal, no dedicaban una sola palabra a los enjuagues bancarios, no amonestaban a los especuladores, callaban sobre los paraísos fiscales y olvidaban las causas de la gravísima crisis que carcome los cimientos del Estado del Bienestar. Las autoridades del BCE, comprometidas con la podredumbre de un sistema enfermo y dañino, presentaban un diktat secreto a Italia incompatible con la democracia y con la paz social. En la carta, los tecnócratas del BCE mostraban que tienen ideología, y que sus principios son los del sistema podrido que defienden.

Desgraciadamente, muchas de las medidas descritas en la carta nos resultan familiares. Reducir las pensiones, rebajar los salarios de los funcionarios, destruir la negociación colectiva y, por tanto, disminuir también los salarios de los trabajadores, empeorar aún más las condiciones laborales para incrementar la explotación de la mano de obra, legislar a favor de las empresas, privatizar, recortar gastos sociales, reformar la Constitución con urgencia y sin consulta popular, etc., forman parte del paisaje nacional de un país, el nuestro, que es conducido con mano firme hacia la ruina económica y social por un gobierno de marionetas.

Ahora sabemos que Zapatero recibió una carta parecida a la de Berlusconi. Pero, a diferencia de Italia, en España no se filtró a la prensa porque el PSOE y el PP pactaron un silencio traidor. Desde que Zapatero y Rajoy aceptaron la carta de la vergüenza y de la claudicación quedaron invalidados como políticos. Por eso nos la ocultan. 

Cuanto más se agudiza la crisis más se manifiesta que el capitalismo es incompatible con la democracia. En España, como en Italia, el Gobierno ya no gobierna, las elecciones son una pamema, los parlamentos son aceptados sólo en la medida en que legislan a favor de los especuladores, la Constitución ha sido ultrajada y los ciudadanos son obligados a aceptar un futuro servil, empujados por el miedo a perderlo todo. El PSOE consintió la carta confidencial firmada por Trichet y Draghi. El PP, también. Por eso acordaron reformar la Constitución en cinco minutos, allá en el mes de agosto.

Que nadie se engañe. La carta de rendición aceptada por el bipartidismo es el programa electoral del PSOE y del PP. Si los dirigentes de ambos partidos tuvieran una pizca de vergüenza deberían marcharse a sus casas y pedir al actual presidente del BCE, Draghi, que hiciera campaña por ellos o, mejor aún, que Goldman Sachs impusiera en España un gobierno de banqueros y de especuladores que termine de saquear el país y abuse de nuestras familias. 

Dado el interés de la carta, la hemos traducido del original en inglés para facilitar su lectura. El texto es el siguiente:

Frankfurt/Roma, 5 de agosto de 2011

Estimado Primer Ministro,

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo trató el 4 de agosto la situación de los mercados de deuda pública italiana. El Consejo de Gobierno considera que es esencial que se produzcan acciones de presión por parte de las autoridades italianas para restaurar la confianza de los inversores.

La reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro de 21 de julio de 2011, concluyó que “todos los países del euro reafirman solemnemente su determinación inflexible de respaldar totalmente sus propias deudas soberanas, y su compromiso a favor de unas condiciones fiscales sostenibles y de reformas estructurales adecuadas”. El Consejo de Gobierno estima que Italia necesita urgentemente apuntalar el mantenimiento de su deuda soberana y sus compromisos a favor de una fiscalidad sostenible y de las reformas estructurales convenientes.

El Gobierno de Italia ha decidido alcanzar un presupuesto equilibrado en el año 2014, y para este propósito  ha adoptado recientemente medidas de carácter fiscal. Esta decisión ha sido importante pero no suficiente.

En la coyuntura actual, consideramos esencial que se tomen las siguientes medidas:

1. Estimamos que es imprescindible hacer lo posible para fortalecer el potencial de crecimiento económico.  Recientemente el Gobierno tomó decisiones adecuadas al respecto. Otras medidas están discutiéndose aún con los agentes sociales. No obstante, es necesario tomar más medidas, siendo crucial avanzar por este camino con firmeza. Los cambios imprescindibles han de procurar un aumento de la competencia, particularmente en el sector de los servicios para mejorar la calidad de los servicios públicos, y diseñar el sistema regulador y fiscal mejor adaptado a apoyar la competitividad de las empresas y la eficiencia del mercado de trabajo.

a) La reforma estratégica debería ser completa, de largo alcance y creíble, incluyendo la  liberalización total de los servicios públicos locales y de los servicios profesionales. Aquí debería aplicarse especialmente un sistema de provisión de los servicios locales mediante privatizaciones generalizadas.

b) Es también necesario avanzar en la reforma de la negociación colectiva, permitiendo los acuerdos en el nivel de empresa para que los salarios y las condiciones laborales se ajusten a las condiciones específicas de cada negocio, en detrimento de lo que determinen los convenios colectivos. El acuerdo del 28 de junio entre los sindicatos mayoritarios y las asociaciones de empresarios ya apuntaba en esta dirección.

c) Hay que aprobar una revisión completa de las leyes que regulan la contratación y el despido de los trabajadores, junto con el establecimiento de un seguro de desempleo y de un conjunto de políticas activas sobre el mercado de trabajo adecuadas a la reasignación de recursos hacia las empresas y los sectores más competitivos.

2. El Gobierno ha de tomar inmediatamente medidas audaces para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

a)  Son necesarias más medidas de corrección fiscal. Estimamos imprescindible que las autoridades italianas adelanten, al menos un año, las decisiones adoptadas en julio de 2011. A través principalmente de los recortes del gasto, el objetivo debería ser un mejor control del déficit en 2011, un endeudamiento neto del 1% para 2012 y un presupuesto equilibrado en 2013. Hay margen para intervenir aún más en el sistema de pensiones, haciendo más riguroso el criterio de elegibilidad para las pensiones de jubilación, alineando rápidamente la edad de jubilación de las mujeres que trabajan en el sector privado con la que rige para los empleados públicos, con lo que se conseguiría un ahorro en el gasto ya en el 2012. Además, el Gobierno debería considerar la reducción significativa del coste de los empleados públicos, bien mediante el incremento de la rotación del trabajo y, si es necesario, mediante la reducción de sus salarios.

b) Es preciso introducir una cláusula de reducción automática del déficit que determine que cualquier desviación con respecto a los objetivos marcados se compense automáticamente con recortes horizontales sobre los gastos discrecionales.

c) Los préstamos, incluida la deuda comercial y los gastos de los gobiernos locales y regionales, deberán someterse a un control estricto, de acuerdo con los principios de la reforma de las relaciones fiscales intergubernamentales que ya está en marcha.

A la vista de la gravedad de la situación de los mercados internacionales de capital, estimamos crucial que todas las acciones especificadas en las secciones 1 y 2 de esta carta sean ejecutadas lo antes posible mediante decretos-leyes, y ratificadas por el Parlamento a finales de septiembre de 2011. También sería muy conveniente aprobar una reforma de la Constitución que endureciera las reglas fiscales.

3. Animamos al Gobierno a que de manera urgente tome medidas para acometer una revisión completa que permita una mayor eficiencia de la administración, así como lograr mayores facilidades para las empresas. Debería aplicarse el uso sistemático de indicadores de rendimiento en las entidades públicas (singularmente en la sanidad, la educación y la justicia). También es necesario un fuerte compromiso para abolir o unificar algunos niveles de la administración (por ejemplo, las provincias). Además, deberían ser fortalecidas las acciones encaminadas a aprovechar al máximo las economías de escala en los servicios públicos locales.

Confiamos en que el Gobierno tomará las decisiones apropiadas.

Mario Draghi, Jean-Claude Trichet

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

No es un error, es una estrategia

Thomas Coutrot

Por su interés hemos traducido el artículo de Thomas Coutrot publicado hoy mismo en la edición electrónica del diario Le Monde. Coutrot es economista y estadístico, creó el Barómetro de la Pobreza y de las Desigualdades en Francia (una especie de PIB a la inversa llamado BPI). Co-Presidente de ATTAC-Francia desde finales del año 2009, es uno de los autores del Manifiesto de Economistas Aterrados, obra reseñada en la sección de libros de nuestra página web.

A comienzos de 2010, la “troika” (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) impusieron a Grecia un primer plan de austeridad. Ya en aquel entonces quedó claro que se decidió aprovechar la crisis financiera para dar golpes decisivos a los compromisos sociales salidos de la Segunda Guerra Mundial.

El paréntesis keynesiano (consistente en dejar correr los déficits públicos para evitar que la caída de Lehman Brothers se transformara en un cataclismo incontrolable) ha sido cerrado y sustituido por la ofensiva decretada contra el gasto público y los derechos sociales en Europa.

España, Portugal, Italia, Francia, Gran Bretaña e, incluso, Alemania, han seguido el mismo camino: congelación de salarios y/o reducción del número de funcionarios, reforma de las pensiones, de la sanidad, puesta en cuestión de las políticas y de las prestaciones sociales, privatizaciones, etc…

Todas estas medidas (que no tienen más que una relación muy remota con los déficits y la deuda) son impuestas con idéntica urgencia: los empresarios griegos y españoles podrán despedir más fácilmente y descolgarse de los convenios colectivos, se reduce el salario mínimo en Irlanda... En una increíble carta secreta fechada el pasado 5 de agosto, Trichet sugiere a Berlusconi que reforme el sistema de negociación colectiva, reduzca la protección de los trabajadores contra el despido y ejecute “una vasta reforma de la administración pública con el fin de mejorar la eficacia administrativa para facilitar los intereses de las empresas”…

Nadie puede ignorar que en presencia de un paro masivo aproximándose o superando el 10%, reducir de manera indiscriminada el gasto público en Europa llevará necesariamente a provocar una recesión y una crisis social mayor. Todos los países de la Unión tienen como principales clientes a otros países europeos. Si cada país se aprieta el cinturón, ninguno podrá esperar compensar la caída de su demanda interna con un aumento de sus exportaciones. La recesión es ya una realidad, agravada por la crisis bancaria.

¿Es creíble que nuestros dirigentes no vean la evidencia? El impacto recesivo de estas políticas era tan previsible que no se sostiene la hipótesis de un error de apreciación. Si los gobiernos se empeñan en aplicar políticas que provocan recesión y paro es para salvaguardar algo más importante que la estabilidad económica y el bienestar de las poblaciones. El objetivo verdadero de nuestros dirigentes es salvar a cualquier precio el edificio institucional de la zona euro, que reposa en dos principios: a) los capitales y las mercancías deben circular libremente dentro de la zona euro y entre ésta y el resto del mundo, y b) los Estados deben financiar sus déficits con préstamos pedidos en los mercados financieros bajo la disciplina de las agencias de calificación. Estas dos reglas garantizan que los gobiernos y los trabajadores europeos permanecerán sumisos al control exigido por la industria financiera.

La unión monetaria se ha construido sin presupuesto común, sumisa a los mercados, abierta a todos los vientos de la especulación y con la prohibición expresa de cualquier solidaridad entre Estados. Esta última cláusula tuvo que ser abandonada por la fuerza de los acontecimientos, y va a ser necesario reformar los tratados para dar carta de permanente naturaleza a los fondos europeos de estabilidad financiera. Pero nuestros dirigentes quieren conservar lo esencial del edificio: gracias a la libre circulación de capitales y de mercancías nada limitará la competencia entre asalariados europeos, ni entre ellos y los trabajadores de los países del sur. 

La crisis bancaria y financiera que se agrava de manera irremediable, sumada a la recesión y el caos económico que vendrán a continuación, permitirán reducir en los próximos años aproximadamente en un tercio la protección social y los salarios en Europa, como ya ocurre en Grecia.

La restauración de la competitividad de la vieja Europa frente a China y a los EEUU se hará a costa de grandes convulsiones sociales y políticas, mermando los derechos sociales existentes y renunciando por completo a la Europa social.


Parece que los poseedores del capital y sus aliados en las tecnocracias europeas juzgan que esta apuesta merece la pena. Ya están preparados, como en Grecia, para buscar alianzas muy a la derecha con el fin de lograr sus propósitos. Verdaderamente hay razones para indignarse.

Democracia en peligro

Mario Draghi. Trabajó para Goldman Sachs. Presidente del BCE. 

Mario Monti. Trabajó para Goldman Sachs. Primer Ministro de Italia en un gobierno de tecnócratas

Lucas Papademos, colaboró con Goldman Sachs. Primer Ministro de Grecia en un gobierno de tecnócratas

En ocasiones, el vértigo de los tiempos hace que pasen inadvertidos acontecimientos de enorme trascendencia. Así acontece en la actualidad, tan cargada de noticias, de sobreabundancia de datos desestructurados y de ruido distorsionador.

En los últimos meses han ocurrido hechos que permiten afirmar, sin exageración, que los mercados desregulados y el capitalismo que los ampara han declarado la guerra a la democracia.

Quienes dominan los mercados combaten en tres frentes para acabar con la democracia e instaurar la oligarquía del dinero: el ideológico, el institucional y el político.

El objetivo de la batalla ideológica, que es la madre de todas las batallas, consiste en convencer a la gente de que es necesario volver a los tiempos de los señores de horca y cuchillo. Se trata de extender la idea de que la única solución a la crisis son las políticas de ajuste sobre los trabajadores, los parados y los sectores más débiles de la sociedad. Las poblaciones son aleccionadas en la resignación y el miedo. El común debe aceptar como inevitables las bajadas de salarios, la reducción de derechos y, muy especialmente, que su futuro pertenece a otros. Los trabajadores, si quieren trabajar, tienen que ser obedientes, productivos, baratos y fácilmente sustituibles. Se pretende grabar a fuego en las mentes de los ciudadanos que hay que rendir pleitesía a los señores del dinero, porque son la única esperanza para una sociedad que ayer era adicta al consumo y que hoy vive asustada por el fantasma de la pobreza. Y si con la persuasión no es bastante, se aplicará la fuerza bruta, respaldada por leyes de conveniencia. Desde que el mundo es mundo sabemos que al miedo se llega por dos caminos: el de las amenazas y el de los hechos brutales.

En cuanto a la batalla institucional, su propósito es dominar completamente los centros de decisión económica, bien desarticulando los ya existentes o nombrando en ellos a personas de la mayor confianza para ejercer una autoridad adulterada. Un ejemplo de lo primero es la suplantación de las instituciones de la UE por un directorio franco-alemán en el que, a medida que el tiempo pasa, las autoridades francesas hacen más de comparsa que otra cosa. Tal usurpación se ha producido por la fuerza de los hechos, sin que los ciudadanos hayan consentido tal cambio y contra lo que establecen las normas y procedimientos de la UE. Del segundo caso tenemos no ya un ejemplo sino todo un paradigma, el que nos brinda el nombramiento del nuevo Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que entre los años 2002 y 2005 fue responsable del sector de estrategias europeas de Goldman Sachs, cuarto banco de inversión del mundo y cooperador necesario en el falseamiento de las cuentas públicas de Grecia, esas que ahora le escandalizan y que ayudó a confeccionar.

En el tercer frente de batalla, el político, se persigue convertir en irrelevante la capacidad de decisión de los ciudadanos y de los gobiernos a través del chantaje y de la amenaza. Además, la presión puede servir para poner en los gobiernos a quien convenga. Desde el pasado verano han menudeado los casos al respecto. En agosto, por ejemplo, ante el regocijo alemán, los especuladores hicieron subir la prima de riesgo de la deuda soberana española, llevando a nuestro país al borde del colapso. A cambio de que el BCE comprara deuda pública española para reducir su diferencial con respecto al bono alemán, el PSOE y el PP acordaron reformar en secreto la Constitución, que reputaban intocable, constitucionalizando el límite de gasto que complacía a Merkel y a sus bancos. La reforma se hizo con nocturnidad, sin explicación y sin consulta al pueblo, como hubiera sido preceptivo. Algo parecido ocurrió en Grecia tres meses después, en noviembre de 2011, ante el anuncio realizado por su Primer Ministro, Papandreu, de convocar un referéndum para que sus compatriotas se pronunciaran sobre las condiciones del paquete de rescate de la UE aprobado el 26 de octubre. Una iniciativa tan democrática desató una campaña de linchamiento internacional contra el Primer Ministro heleno que provocó su dimisión y la sustitución de su gobierno por otro de concentración que, como primera medida, acordó desconvocar el referéndum previsto para diciembre. Tras este apaño tan escandaloso, el nuevo gobierno griego fue presidido por un tecnócrata del sistema, Lucas Papademos, que fue Presidente del Banco Central de Grecia en los años en que ayudaba a falsear, con el concurso del Goldman Sachs de Mario Draghi, las cuentas públicas de su país. Y ayer mismo nos topamos con otro ejemplo, el último por ahora, de esta cadena. De nuevo, ante la complacencia alemana, los especuladores hicieron subir la prima de riesgo de la deuda soberana de Italia, forzaron la dimisión de Berlusconi (cosa que no lograron ni las urnas ni los jueces en muchos años e intentos), dando paso a un gobierno técnico, que es lo contrario a un gobierno democrático. Todo apunta a que la persona que presidirá ese gobierno será Mario Monti, otro tecnócrata del sistema, que fue Director Europeo de la Trilateral, miembro de la directiva del Club Bilderberg y asesor de Goldman Sachs en la época en que ese banco ayudaba a ocultar las mentiras de la contabilidad nacional de Grecia. ¿Hacen falta más datos para que los incrédulos despierten del letargo?

¿Cómo responderían los mercados si en un país importante de la UE llegara al gobierno una fuerza política de izquierdas comprometida con el cambio del sistema? El boicot estaría asegurado. A un sistema que permite esto lo llamamos democracia.

Cuál es el límite de las exigencias de los mercados. La respuesta es simple: ninguno. Si les dejamos, nos devoran. Hace tiempo que empezaron y ya van por nuestras rodillas.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

La que se nos vienen encima

Desengañémonos. En este sistema los ciudadanos sólo contamos para pagar las cuentas de los atropellos de los poderosos. Si exigimos democracia se nos amenaza y apalea, si pedimos dignidad se ríen en nuestra cara, y si defendemos los derechos sociales o la protección al trabajo se nos dice que son un estímulo a la vagancia, además de un despilfarro inasumible.

Los gobiernos de Aznar construyeron una economía de puntapié que crecía sobre el barro. Los gobiernos de Zapatero recogieron esa herencia que era pura quincalla y nos la hicieron pasar por oro molido, presumiendo tontamente de zurzidos y guiñapos. Al primer ventarrón la economía se vino abajo, el paro alcanzó un tamaño monstruoso y se dispusieron las cosas para afilar las guillotinas que recortan los derechos y las libertades ciudadanas. Este es el legado del bipartidismo.

¿Qué nos prometen los candidatos del sistema, que son los candidatos del bipartidismo y del tocomocho nacionalista, ahora que estamos en campaña? Los mismos que ahora gobiernan y desmantelan, nos aseguran que harán otra cosa si es que vuelven a mandar, cosa harto improbable si hacemos caso al sentido común, a los precedentes y a las encuestas. Por su parte, los que ya gobernaron hace ocho años, que todavía se enorgullecen de haber puesto las bases de la ruina presente, con su silencio nos anuncian que si gobiernan, cosa casi segura, sacrificarán los servicios públicos y degradarán aún más la condición del trabajador, con tal de calmar a los matones económicos que nos amenazan. Unos y otros, PSOE, PP, CiU y demás compinches, con sus disparates, ahondarán la brecha social y prolongarán la recesión, poniendo en peligro al país y a sus ciudadanos.

En cuanto a IU, que debería ser la alternativa, es muy débil y malvive aplastada por un sistema electoral y político que malversa groseramente la representación. Recogerá las migajas del descontento y de la indignación, y le tocará ser el referente moral de la sociedad española. Ánimo y honor.

Mientras tanto, con campaña o sin ella, una buena porción de la opinión pública vive desorientada por la influencia ponzoñosa de periodiqueros, publicantones y tertulios. Hastiada, atemorizada, huérfana de referentes y sin relatos verídicos que la referencien, ha decidido ser manteca para que pronto se la meriende el hambrón de turno. Todo apunta a que le concederá el poder absoluto a quien mejor le ajuste la soga al cuello.

Sentado lo anterior, despunta forzosamente una cuestión: ¿por qué elegimos gobernantes que nos desprecian y que nos quieren desfilando derrotados bajo las horcas caudinas?. Quizás, porque en nuestro país sigue triunfando aquello de “los míos, aunque rebuznen.”

No esperemos otra cosa del bipartidismo que miseria y sufrimiento, porque el bipartidismo es una pieza fundamental de un sistema enfermo. Los candidatos del sistema, libres de hacer el oso, se empeñan en que lo hagamos los demás. Quieren que les bailemos las gracias mientras nos menguan la ración de pienso, y que lo hagamos al son de la pandereta y al restallido del látigo. Mucho cuidado con este juego infame, no vaya a ser que nos ocurra lo que al burro del paisano, que cuando se acostumbró a trabajar en ayunas tuvo la mala ocurrencia de morirse.

A ver si somos capaces de aprender de una vez para siempre que la libertad completa del capital anticipa la esclavitud, al igual que el vicio llama al vicio, la oscuridad al delito, las mayorías absolutas al absolutismo y el bipartidismo a la degradación de la democracia. No parece tan difícil.

Emilio Alvarado Pérez es coordinador local y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Sarkozy el subversivo

Sarkozy en un momento de la entrevista

“Vamos a ver, di, ¿qué es eso tan terrible? Porque si lo fuera más que lo que estoy pasando, no te contradeciré”. Electra, Sófocles.

El pasado 27 de octubre, el Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue entrevistado por dos periodistas para explicar los acuerdos del encuentro de Bruselas del 26 de octubre. Lo hizo en directo y en hora de máxima audiencia. La entrevista fue emitida por las dos principales cadenas de la televisión francesa, una pública y otra privada, y duró casi 74 minutos, de los cuales unos 60 fueron dedicados a la crisis económica mundial y los últimos catorce a asuntos de política nacional.

Durante la entrevista Sarkozy desgranó un discurso ortodoxo sobre la crisis, en el que abundaron las imágenes terroríficas sobre lo que les aguarda a los europeos si no aceptan sus opiniones de gran estadista.

Empezó su exposición afirmando que si en la cumbre de la UE del día anterior no se hubiera alcanzado un acuerdo, Europa habría sufrido una catástrofe que se habría extendido al resto del mundo. Dejar caer a Grecia hubiera sido mucho peor (por su tamaño y ramificaciones) que lo que hicieron los EEUU cuando abandonaron a su suerte a Lehman Brothers, decisión que fue el detonante de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1929. Sobre este particular el pronóstico de Sarkozy fue contundente: si la minúscula Grecia cae, también lo hará sus sistema bancario, con él el euro y con el euro Europa. Es de agradecer la claridad del señor Sarkozy, que reconoce, aunque no lo pretenda, que todo pende de un hilo porque la podredumbre es completa. Se deduce de sus palabras que Grecia no es el problema (¿alguien cree que un país que es el 2% del PIB de la UE puede acabar con la UE?) sino una pieza del problema, y que la raíz del mal está en la deuda privada que han acumulado los bancos de manera totalmente irresponsable. Sarkozy nos descubre que el corazón de la Unión Europea no son sus ciudadanos sino sus bancos, y que cuando éstos  enferman, cosa que ahora ocurre, Europa agoniza.

Según Sarkozy, Grecia no debería haber entrado en el euro en el 2001, porque mintió y porque no estaba preparada, aunque el Presidente, tan locuaz siempre, nada dijo de quienes ayudaron a construir esa mentira (alguno de ellos, para escándalo universal, dirige hoy el Banco Central Europeo). Pero Grecia entró en la moneda única y ahora no puede devolver lo que debe, que asciende a 200.000 millones de euros. Consecuentemente, las autoridades comunitarias negociaron con la banca acreedora una quita del 50% de la deuda griega, porque en tiempos atribulados más vale cobrar la mitad que no cobrar nada. Esto significa que Grecia pagaría a los bancos acreedores, entre los cuales hay importantes bancos franceses, la mitad de lo que debe. Para hacerlo Grecia habría de someterse una vez más a la imposible disciplina impuesta por las autoridades comunitarias a cambio de recibir los créditos del Fondo de Estabilidad, formado por aportaciones y avales procedentes de los países de la moneda única. Los créditos se prestarían al 5% de interés, muy lejos del 25% que Grecia paga ahora cuando acude a los mercados internacionales y pretende colocar una deuda de la que nadie se fía. ¿A cambio, qué habrían de hacer los griegos para recibir esos fondos y expiar sus "pecados"? Según Sarkozy, trabajar mucho más, pagar impuestos y sacrificarse en un grado mayor de lo que lo vienen haciendo. La sentencia no admite apelacíón: no hay alternativa aunque Grecia desaparezca devorada por las llamas de un conflicto social que ya dura dos años y que cada día es más agudo.

A preguntas de uno de los periodistas habló de las agencias de calificación. Según Sarkozy, su poder depende de la cantidad de deuda existente. Si se debiera poco sus calificaciones pasarían inadvertidas, pero cuando se debe mucho sus notas pesan como una losa. Si Grecia paga un 25% de interés por su deuda es debido a su mala reputación, a su pésima situación económica y a su enorme deuda. Francia, en cambio, coloca su deuda al 3%, Alemania al 2’3% e Italia al 6%. Para que las agencias no tengan tanto poder hay que tener menos deuda, y para lograrlo hay que trabajar más, ser más competitivos y jubilarse más tarde, porque la esperanza de vida no cesa de subir. Advirtió a los franceses de los males del infierno si se alejan del camino recto: “que miren a Grecia, porque eso es lo que les ocurre a los países que no hacen lo que deben”. Nada dijo Sarkozy, astutamente, sobre el hecho cierto de que los trabajadores llevan perdiendo renta desde hace muchos años a favor de los más ricos, tanto en Grecia, como en Francia, en España o en los EEUU, y que el mundo es hoy mucho más desigual que hace veinte años, cuando todo era fiesta sin nubes. El Presidente de la República pensaría, quizás, que en estos tiempos decisivos más vale inocular a los ciudadanos nuevas dosis de miedo, que es el paralizante social más eficaz, no vaya a ser que despierten de su letargo y aceleren la caída de un sistema perverso que se sostiene de milagro.

En cuanto a la responsabilidad de los bancos, Sarkozy afirmó que en el año 2008 hacían lo que les daba la gana (aunque no los bancos franceses, mucho más formales) y que en el sistema financiero valía todo. Advirtió que hay que regular las finanzas, que los banqueros no pueden ganar lo que les venga en gana, que no hay una sola razón para que los contribuyentes pongan un céntimo para cubrir los errores de las entidades financieras y que éstas necesitan una recapitalización con recursos propios, por ejemplo con cargo a dividendos y remuneraciones de directivos. Aquí el discurso de Sarkozy abandonó el tono sombrío y apocalíptico. Tocaba regalar el oído a los ciudadanos, y en eso el Presidente destaca. Pero lo que dijo fue retórica vulgar, porque en su soflama se cuidó mucho de dar cifras sobre la exposición de la banca francesa y alemana a la deuda griega, pasó por alto la contradicción que supone decir que los contribuyentes no deben poner ni un euro para cubrir los errores de la banca cuando el Fondo de Estabilidad se nutre de las aportaciones de los presupuestos públicos de los países de la moneda única, obvió decir que no se ha hecho nada desde el año 2008 para embridar al sistema financiero y, sobre todo, calló sobre lo elemental: el Fondo de Estabilidad no tiene como fin salvar a Grecia, que ya está condenada, sino salvar a una banca asfixiada por una deuda privada gigantesca que puede llevarse por delante a Italia, a España y, de paso, también a Francia.

Después  tuvo tiempo para reflexionar sobre cuestiones de más altura. Afirmó Sarkozy que entramos en un mundo nuevo. Que hay grandes potencias emergentes que conquistan los mercados gracias a sus salarios muy bajos, a que destruyen el medio ambiente y a que no tienen que sostener ningún sistema de protección o de derechos sociales. China, la India, México o Brasil crecen vertiginosamente porque nos venden unas mercancías más baratas gracias a esas prácticas. Mientras tanto, los europeos no han subido su productividad y han mantenido un bienestar ficticio endeudándose. Y esto se acabó. Si no quieren ser devorados por una deuda inasumible y si quieren defender su nivel de vida, los europeos en general y los franceses en particular deben cumplir siete reglas: 1) jubilarse más tarde; 2) trabajar más, ser más productivos o ambas cosas a la vez; 3) pagar impuestos; 4) que los Estados no gasten más de lo que ingresan; 5) devolver la deuda; 6) crecer económicamente, lo cual significa reconquistar mercados perdidos y, llegado el caso 7) aplicar el principio de la reciprocidad comercial, que es otra forma de llamar al proteccionismo, aunque con más finura.

La fórmula de Sarkozy, que es la de los abogados de este orden caduco, consiste en que hay que trabajar más, esperar menos del Estado y luchar comercialmente contra los chinos o los indios que venden barato porque cobran una miseria, arrebatándoles los mercados que ya dominan, y todo bajo las reglas de un sistema económico que destruye el planeta a un ritmo pavoroso y que no satisface las necesidades verdaderas de las personas. Como futuro de salvación el planteamiento de Sarkozy resulta espeluznante.

Finalmente, Sarkozy aseveró que a Europa le vienen muy bien los excedentes monetarios chinos (aunque poco antes insinuara, con poca convicción, que habría que limitar la entrada de algunos de sus productos, todo por mantener la retórica de la grandeur de la France), y que para Europa es buena noticia que China compre deuda en euros y que invierta en el viejo continente antes que en EEUU. En este punto, Sarkozy incurrió en una contradicción flagrante, porque no se pueden reclamar unos excedentes que se han amasado como consecuencia de la capacidad de exportación y del ahorro de una dictadura en la que el obrero es tratado como un esclavo. Este último deseo, aunque muy adornado, pone de manifiesto que Europa y la civilisation européenne (como le gusta decir a los franceses) hace tiempo que se fue a hacer puñetas.

A veces ocurre que la sinceridad de alguien que cree en una locura puede ser muy subversiva. Eso pasa con Sarkozy. Cuanto más habla más descubre la miseria que nos atrapa. Sus discursos nos ponen en mejor disposición para liberarnos del dogal que nos sujeta. Que el Presidente de Francia siga hablando con entera libertad (además, tal cosa le va bien a su ego) y que su ejemplo cunda entre el resto de los mandatarios europeos.

La crisis es tan grave que la última defensa que la queda al sistema es el silencio. Ahora entendemos la razón por la que Zapatero y Rajoy nunca explican lo que ocurre. Luego pretenderán que les creamos cuando digan representar a los españoles.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Un nuevo recorte de derechos y de garantías

La reciente disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales han puesto fin a la segunda legislatura de Zapatero, que ha dejado a los españoles la peor herencia de nuestra historia democrática: cinco millones de parados, bolsas de fraude fiscal intolerables, una estructura económica incapaz de absorber la mano de obra interna y una enorme desconfianza sobre el futuro de la economía española, situada a la cola de la Unión Europea en materia de desempleo.

Esta legislatura ha sido la de los recortes, que no reformas como se empeña en denominarlos el PSOE para maquillar su nefasta gestión política al frente del gobierno. Zapatero ha presidido el primer gobierno de la democracia que ha recortado las pensiones futuras y que ha subido la edad de jubilación hasta los 67 años. También, por primera vez en la historia, ha recortado el sueldo de los empleados públicos. En sanidad, ha recortado más de un 8% el presupuesto del Estado dejando al sistema sanitario con un déficit de 15.000 millones de euros, y ha llevado a cabo una reforma exprés de la Constitución por imposición exterior sobre la que aún nos debe una explicación.

Gracias a las políticas socialistas, ha nacido una nueva bolsa de pobreza, con 1.367.500 familias que no tienen ningún ingreso, y el índice de exclusión social ha crecido un 13,5% en los últimos dos años. Actualmente, hay en España más de 9 millones de personas que sobreviven con menos de 6.000 euros al año.

A todo esto hay que añadir las proposiciones de la CEOE como son el abaratamiento del despido y la supresión de la negociación colectiva que conducirá a una nueva bajada de los salarios y que, sin duda alguna, contarán con el beneplácito del nuevo gobierno tras el 20 de noviembre, sea del PSOE o del PP.

A la vez que se produce el desmantelamiento del Estado del Bienestar, se están produciendo importantes limitaciones de otros derechos que están pasando desapercibidas para la población. Tal es el caso de la reciente reforma legal mediante la Ley 37/2011 de 11 de octubre, llamada de medidas de agilización procesal, que ha suprimido, mediante la reforma del artículo 455.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el recurso de apelación que existía hasta ahora frente a los asuntos que se tramitan por juicio verbal por razón de la cuantía y siempre que ésta no supere los 3.000 euros (artículo 4 apartado 10). El texto de la nueva ley no deja dudas:

“Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, serán apelables, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros”.

El motivo que ampara tal decisión es, según la ley, “limitar el uso abusivo de instancias judiciales” o, como se dice en otro pasaje del preámbulo, “limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad ( …) sin merma de las garantías para el justiciable”.

Es cierto que en ocasiones parece que existe un uso frecuentemente innecesario de este recurso y, hasta me atrevería a decir, de la justicia en general. Pero lo que no se puede afirmar es que su eliminación en los juicios se haga sin recortar las garantías del ciudadano.

Ciertamente, tal posibilidad se suprime en pleitos civiles que no superen los 3.000 euros y, por tanto, sólo afecta a cuantías menores en las que los costes para el Estado de una segunda instancia pueden ser desproporcionados, máxime en una época de profunda recesión económica y de falta de recursos de la administración, aunque nada de esto menciona la ley como fundamento. Pero, indudablemente, hay que dejar claro que, en muchos casos, esta supresión afectará a asuntos que tienen gran relevancia subjetiva para el que litiga, dado que la gran parte de esos litigios plantean cierta envergadura jurídica y complejidad probatoria. También es necesario tener en cuenta que, aunque el asunto presente o no dificultad, el juez que resuelve sobre el mismo puede incurrir en errores, de hecho o de Derecho y que, hoy por hoy, se entiende que tales errores existen, desde una perspectiva formal, en los casos en los que en vía de apelación el tribunal superior revoca en todo o en parte la resolución de la instancia. Del análisis de algunos estudios realizados por catedráticos y profesores de Derecho, se llega a la conclusión de que más del 36% de los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia son estimatorios, es decir, que la Audiencia Provincial suele revocar, total o parcialmente, la sentencia dictada por aquéllos.

Lo cierto es que con la entrada en vigor de esta ley no habrá posibilidad de recurso alguno, aún cuando la sentencia de estos pleitos civiles de cantidad inferior a 3.000 euros sea errónea, cosa que viene ocurriendo en más de un tercio de los casos. Esta privación, a su vez, propiciará en muchos casos que los jueces, colapsados por su trabajo y sabiendo que frente a su sentencia no hay recurso posible, examinarán los asuntos con menor celo.

Los grupos parlamentarios minoritarios, entre los que se encuentra Izquierda Unida, propusieron enmiendas para que se admitiera la posibilidad de mantener el recurso de apelación en determinados supuestos como, por ejemplo, cuando no se resuelve lo que se pide o por infracción de normas, entre otros. Todas las enmiendas fueron rechazadas por la mayoría (PSOE), mientras que el principal partido de la oposición (PP) se abstuvo, en signo evidente de no le beneficiaba un pronunciamiento claro sobre este tema a las puertas de unas elecciones generales.

Desde un punto de vista jurídico estamos ante un recorte de garantías individuales de enorme trascendencia, pues esta supresión no sólo afecta a un derecho particular sino que, además, en las reclamaciones judiciales de hasta 3.000 euros basadas en derechos de lo más diverso, se suprime una garantía para el ciudadano como era la segunda instancia.

Y aún así, contra toda evidencia, el PSOE sigue afirmando que es de izquierdas cuando impulsa un desmantelamiento que limita los derechos ciudadanos. Lo que ocurre es que se cree de izquierdas pero no lo es o, lo que es peor, intenta engañar a la ciudadanía para que lo siga considerando de izquierdas cuando hace ya mucho que abandonó principio emancipador.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Democracia enferma

Esto ocurre cuando los gobernantes no están sujetos a ninguna responsabilidad política

Cuando se habla de democracia se nos induce a pensar que es un sistema en el que se respetan unos procedimientos que permiten gobernar a la mayoría con la debida consideración a las minorías. Y punto.

Esta definición, puramente procedimental y elitista, que es la que suelen ofrecer los que mandan, abarca un mínimo incompleto porque alude a lo que es necesario pero no suficiente. Tomada así, sin más, la idea de democracia es una vaciedad cuando no una trampa.

Olvida esta definición que la democracia es también un régimen de opinión pública formado por ciudadanos libres e iguales, en el que han de cumplirse ciertas condiciones que permitan ejercer los derechos políticos: por ejemplo, la existencia de un mínimo de seguridad vital, que las diferencias entre ricos y pobres no superen un límite, control sobre las autoridades, libertad de información veraz y contrastada, etc. A este complemento tan importante, del que se habla poco, se añade que las mayorías de gobierno han de alcanzarse sin adulterar la representación. Por último, se supone que se eligen gobernantes para que gobiernen con arreglo a un programa y defendiendo el interés general, y no para que incumplan lo prometido o se sometan a las órdenes dictadas por poderes antidemocráticos e incontrolados. 

Por tanto, la democracia es mucho más que un sistema que convoca regularmente a un cuerpo electoral para elegir líderes.

Se ha impuesto, bajo la influencia nefasta del bipartidismo y de la manipulación generalizada de los medios de comunicación de masas, una democracia formal en la que se intenta destruir la libre deliberación. Los medios, por lo común muy sesgados y orientados a la desinformación, manipulan las conciencias a través de la anestesia social y de las falsas imágenes e ideas. Sobre ese sustrato se construyen consensos sociales que apuntalan el orden que precisamente causa irritación y desapego. En feliz expresión del jurista italiano Luigi Ferrajoli, en nuestras democracias “se homologa al que consiente y se denigra al discrepante o al diferente”. Vamos a democracias plebiscitarias de corte populista en las que se desprecian las reglas que protegen el ejercicio de los derechos políticos. Además, se corrompe la representación para eliminar lo que molesta. Lo importante es conseguir la conformidad, que es pura pasividad, y no el consenso, que es algo activo y consciente. Poco importa el modo de alcanzarla, bien a través de la devaluación de los valores cívicos, de la despolitización o del embrutecimiento de las conciencias. La contaminación plebiscitaria de la democracia destruye la representación y erosiona profundamente su legitimidad. Llegados a este punto no es necesario dar una golpe para acabar con la democracia, puesto que ésta puede haber desaparecido años antes de que el común se percate que su opinión no cuenta.

Advertía Francis Bacon, a principios del siglo XVII, que el hombre quiere conocer pero que su comprensión tiende al error, deformada por lo que él llamaba “ídolos”, que son de cuatro clases: idola tribus (comunes a toda la raza humana), idola specus (los individuales), idola fori (los que proceden del lenguaje) e idola theatri (los que se derivan de falsas filosofías). No iba muy desencaminado el filósofo, puesto que la  democracia actual está poblada de ídolos, singularmente los del lenguaje y los de las falsas doctrinas. 

Al poder establecido le interesa que la fuerza de los ídolos crezca sin cesar, porque su misión es tapar el desfile de cosas muertas que pasa continuamente ante nuestros ojos. Todo apunta a una extensión premeditada del prejuicio social. 

Viene todo este preámbulo a propósito de la falta de respeto con la que nos tratan los líderes del PSOE y del PP cuando gobiernan y en campaña, que tanto da. Llevamos tres años sufriendo una crisis económica y social de dimensiones desconocidas, y está por ver que el Presidente del Gobierno nos explique en qué situación nos encontramos según su punto de vista, mirándonos a la cara y contestando a las preguntas que  los ciudadanos se hacen en las calles. Igual se conduce Rajoy, que prefiere estar mudo o decir vaciedades a presentar un programa o una idea, si es que no se fuma un puro para ocultarse detrás del humo cuando arrecian las preguntas indiscretas. Damos por bueno que los programas electorales no valgan ni el papel que los sostiene, y es de rúbrica contemplar falsos debates entre los candidatos del bipartidismo.

Estamos tan mal que nos produce envidia que en Francia, el Presidente de la República, compareciera en directo durante casi 74 minutos, en horario de máxima audiencia, en las cadenas uno y dos (TF1 y France 2)  el pasado jueves 27 de octubre, para contestar a las preguntas de dos periodistas y explicar qué pasó exactamente en el decisivo encuentro de Bruselas del día anterior. Sin ser nada del otro mundo, en la España de hoy una comparecencia similar es algo impensable. 

No perdamos de vista que aquí lo relevante es mantener al público alucinado y ajeno a lo que condiciona su vida.

El PSOE y el PP nos robaron en 1992 un referéndum sobre Maastricht. El pasado mes de septiembre nos escamotearon un referéndum sobre la reforma constitucional. Ahora nos privan de una explicación sobre las amenazas que se ciernen sobre nuestro país. Causa vergüenza tanto hurto y también la mansedumbre con que se ha aceptado tanto escamoteo y otros fraudes.

Ahora que necesitamos a la política más que nunca, resulta que la política sufre el mayor de los descréditos. 

Los que no creemos en las casualidades y no aceptamos que el tamaño de la nariz de Cleopatra cambiara el rumbo de la historia, pensamos que en este asunto ha triunfado una estrategia tan perversa como calculada.

Con tanta impostura estamos dando garrote a la democracia. Y aquí tan culpable es el que hace como el que consiente. 


Emilio Alvarado Pérez es portavoz del Grupo Municipal de IU