Llegó la hora, es el momento de que las cosas cambien

18 de Noviembre de 2010

UN SALUDO A TODOS LOS CIUDADANOS AZUDENSES QUE CREEN QUE LLEGÓ EL MOMENTO DEL CAMBIO

La crisis económica y social amarga nuestras vidas. No es la primera vez que ocurre algo así. En el siglo XIX, desde la primera convulsión del capitalismo allá por 1848, las crisis económicas se sucedieron con una regularidad que impresiona hasta sumar cinco episodios, uno por década. En el siglo XX el capitalismo generó otras seis grandes crisis (1906, 1920, 1929, 1973, 1992 y 2000) y una de ellas, la Gran Depresión, desembocó en la mayor carnicería de la historia de la humanidad bajo la forma de guerra mundial, totalitarismos y holocausto. En el siglo que acaba de comenzar padecemos otra crisis especialmente virulenta y equiparable en parte a la crisis del 29: la que estalló entre los años 2007-2008. El balance general que nos brinda la historia del capitalismo es, por lo tanto, muy claro: doce crisis en poco más de siglo y medio o, lo que es lo mismo, aproximadamente una crisis económica cada catorce años.

Todas estas crisis tienen puntos en común y, sobre todo, un desenlace idéntico: sus consecuencias inmediatas las pagaron siempre los más desfavorecidos.

Además de ser intrínsecamente inestable, el capitalismo ha dejado en la cuneta al 80% de la población mundial. El capitalismo, por tanto, es un sistema económicamente ineficiente porque no es capaz de sastisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, a lo que une su condición de depredador de los recursos de un planeta que ya no aguanta más y que está comenzando a rebelarse contra la humanidad.

En la actualidad los grandes partidos nacionales se han convertido, por convicción o por impotencia, en abanderados de una visión del capitalismo singularmente dañina: el neoliberalismo. Parece que les importe más el bienestar del gran capital que el de los ciudadanos. Esos partidos aprueban paquetes multimillonarios de ayudas para una banca codiciosa e irresponsable mientras que endurecen la legislación laboral, rebajan el sueldo a los trabajadores y anuncian la reducción de las pensiones.

Para mantener sus cuotas de poder esos partidos mantienen un tinglado, el del bipartidismo, que pervierte el ideal representativo de la democracia. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de pequeñas formaciones nacionalistas que, a cambio, reciben cuotas de poder muy por encima de la realidad social y política a la que representan. Obviamente, en este juego de suma cero, quien sale perdiendo es Izquierda Unida ya que el exceso de representación del PSOE, del PP y de los nacionalistas es el resultado del robo de la representación política que legítimamente deberíamos tener.

En Izquierda Unida de Azuqueca de Henares estamos convencidos de que el cambio no es una opción sino una obligación. El tiempo se agota y el margen se estrecha. Estamos llegando al límite físico de un sistema que atenta gravemente contra el equilibrio ecológico, la justicia, la igualdad y la paz social. El número de ciudadanos conscientes de esta realidad tan grave aumenta a diario aunque su voz no se escucha aún lo suficiente.

Por eso hemos creado este blog. En él los miembros de la candidatura de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares y otros afiliados de nuestra organización expondremos nuestras reflexiones y propuestas para contribuir a una discusión serena sobre los graves retos a los que hemos de hacer frente, tanto a nivel general como local.

Pretendemos animar un debate social pervertido por gente que se escuda en el anonimato que proporciona internet para insultar cobardemente al adversario, por tertulias escandalosas y por mercenarios de la opinión que cobran por envenenar las conciencias. ¡Basta ya de rebuznos, de groserías, de zafiedad y de silencios cómplices!

Hay quienes considerarán que nuestros objetivos son muy ambiciosos. Cierto. Pero la urgencia de afrontarlos no es menor que la magnitud del desafío ante el que hemos de medirnos.

Concluyamos esta presentación con una frase inmortal de nuestro Francisco de Quevedo que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se escribió, viene muy a punto: si quieres leernos "léenos, y si no, déjalo, que no hay pena para quien no nos leyere."

Consejo Político Local de IU

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Un nuevo recorte de derechos y de garantías




La reciente disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales han puesto fin a la segunda legislatura de Zapatero, que ha dejado a los españoles la peor herencia de nuestra historia democrática: cinco millones de parados, bolsas de fraude fiscal intolerables, una estructura económica incapaz de absorber la mano de obra interna y una enorme desconfianza sobre el futuro de la economía española, situada a la cola de la Unión Europea en materia de desempleo.

Esta legislatura ha sido la de los recortes, que no reformas como se empeña en denominarlos el PSOE para maquillar su nefasta gestión política al frente del gobierno. Zapatero ha presidido el primer gobierno de la democracia que ha recortado las pensiones futuras y que ha subido la edad de jubilación hasta los 67 años. También, por primera vez en la historia, ha recortado el sueldo de los empleados públicos. En sanidad, ha recortado más de un 8% el presupuesto del Estado dejando al sistema sanitario con un déficit de 15.000 millones de euros, y ha llevado a cabo una reforma exprés de la Constitución por imposición exterior sobre la que aún nos debe una explicación.

Gracias a las políticas socialistas, ha nacido una nueva bolsa de pobreza, con 1.367.500 familias que no tienen ningún ingreso, y el índice de exclusión social ha crecido un 13,5% en los últimos dos años. Actualmente, hay en España más de 9 millones de personas que sobreviven con menos de 6.000 euros al año.

A todo esto hay que añadir las proposiciones de la CEOE como son el abaratamiento del despido y la supresión de la negociación colectiva que conducirá a una nueva bajada de los salarios y que, sin duda alguna, contarán con el beneplácito del nuevo gobierno tras el 20 de noviembre, sea del PSOE o del PP.

A la vez que se produce el desmantelamiento del Estado del Bienestar, se están produciendo importantes limitaciones de otros derechos que están pasando desapercibidas para la población. Tal es el caso de la reciente reforma legal mediante la Ley 37/2011 de 11 de octubre, llamada de medidas de agilización procesal, que ha suprimido, mediante la reforma del artículo 455.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el recurso de apelación que existía hasta ahora frente a los asuntos que se tramitan por juicio verbal por razón de la cuantía y siempre que ésta no supere los 3.000 euros (artículo 4 apartado 10). El texto de la nueva ley no deja dudas:

“Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, serán apelables, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros”.
El motivo que ampara tal decisión es, según la ley, “limitar el uso abusivo de instancias judiciales” o, como se dice en otro pasaje del preámbulo, “limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad ( …) sin merma de las garantías para el justiciable”.
Es cierto que en ocasiones parece que existe un uso frecuentemente innecesario de este recurso y, hasta me atrevería a decir, de la justicia en general. Pero lo que no se puede afirmar es que su eliminación en los juicios se haga sin recortar las garantías del ciudadano.
Ciertamente, tal posibilidad se suprime en pleitos civiles que no superen los 3.000 euros y, por tanto, sólo afecta a cuantías menores en las que los costes para el Estado de una segunda instancia pueden ser desproporcionados, máxime en una época de profunda recesión económica y de falta de recursos de la administración, aunque nada de esto menciona la ley como fundamento. Pero, indudablemente, hay que dejar claro que, en muchos casos, esta supresión afectará a asuntos que tienen gran relevancia subjetiva para el que litiga, dado que la gran parte de esos litigios plantean cierta envergadura jurídica y complejidad probatoria. También es necesario tener en cuenta que, aunque el asunto presente o no dificultad, el juez que resuelve sobre el mismo puede incurrir en errores, de hecho o de Derecho y que, hoy por hoy, se entiende que tales errores existen, desde una perspectiva formal, en los casos en los que en vía de apelación el tribunal superior revoca en todo o en parte la resolución de la instancia. Del análisis de algunos estudios realizados por catedráticos y profesores de Derecho, se llega a la conclusión de que más del 36% de los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia son estimatorios, es decir, que la Audiencia Provincial suele revocar, total o parcialmente, la sentencia dictada por aquéllos.
Lo cierto es que con la entrada en vigor de esta ley no habrá posibilidad de recurso alguno, aún cuando la sentencia de estos pleitos civiles de cantidad inferior a 3.000 euros sea errónea, cosa que viene ocurriendo en más de un tercio de los casos. Esta privación, a su vez, propiciará en muchos casos que los jueces, colapsados por su trabajo y sabiendo que frente a su sentencia no hay recurso posible, examinarán los asuntos con menor celo.
Los grupos parlamentarios minoritarios, entre los que se encuentra Izquierda Unida, propusieron enmiendas para que se admitiera la posibilidad de mantener el recurso de apelación en determinados supuestos como, por ejemplo, cuando no se resuelve lo que se pide o por infracción de normas, entre otros. Todas las enmiendas fueron rechazadas por la mayoría (PSOE), mientras que el principal partido de la oposición (PP) se abstuvo, en signo evidente de no le beneficiaba un pronunciamiento claro sobre este tema a las puertas de unas elecciones generales.
Desde un punto de vista jurídico estamos ante un recorte de garantías individuales de enorme trascendencia, pues esta supresión no sólo afecta a un derecho particular sino que, además, en las reclamaciones judiciales de hasta 3.000 euros basadas en derechos de lo más diverso, se suprime una garantía para el ciudadano como era la segunda instancia.
Y aún así, contra toda evidencia, el PSOE sigue afirmando que es de izquierdas cuando impulsa un desmantelamiento que limita los derechos ciudadanos. Lo que ocurre es que se cree de izquierdas pero no lo es o, lo que es peor, intenta engañar a la ciudadanía para que lo siga considerando de izquierdas cuando hace ya mucho que abandonó principio emancipador.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Publicado por en